Como el estudiante que apura hasta el último minuto antes del examen final están la mayoría de los ayuntamientos andaluces. Fuerzan al máximo el rendimiento de sus equipos porque sólo faltan dos semanas para que venza el plazo de presentación de proyectos para acogerse al Fondo Estatal de Inversión Local. Ya lo advirtieron muchos alcaldes: el margen era poco -del 10 de diciembre al 24 de enero- y los trámites administrativos largos y complejos. Prueba de ello es que, hasta ayer, no más de 57 de los 770 ayuntamientos andaluces (7,4%) habían presentado sus solicitudes, con un resultado de 538 obras y una inversión de 214 millones (20% de los 1.426 millones que corresponden a Andalucía) ya autorizados por el Ministerio de Administraciones Públicas.

Esta situación hace más que previsible una avalancha de proyectos a partir de la próxima semana, de ahí que la Delegación del Gobierno en Andalucía tenga previsto reforzar la plantilla de funcionarios en las ocho subdelegaciones provinciales para revisar la documentación que remitan los consistorios. Así lo anunció ayer tras reunirse con representantes de la Junta, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), CCOO y UGT, el delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, que recalcó que son más de 800 los proyectos los registrados en este periodo, por un importe de 260 millones y una estimación de 6.000 nuevos empleos.

Estas obras recibirán en el plazo de diez días el primer visto bueno de las subdelegaciones, que las remitirán al Ministerio, que tendrá el mismo plazo para dictar una resolución definitiva. Una vez aprobadas, los ayuntamientos dispondrán de un mes para licitar unas obras que tendrán que estar concluidas el 31 de diciembre de este año.

Esta concentración en la redacción de informes para optar al fondo estatal, según el presidente de la FAMP, Francisco Toscano, retrasará hasta febrero la incorporación de los ayuntamientos al plan complementario activado por la Junta, el Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (Proteja), dotado con 360 millones, y que, a diferencia del anterior, se adjudicará no sólo atendiendo al criterio de población, sino en función de la tasa desempleo del municipio solicitante. "No hay incidentes que nos preocupen en la FAMP sobre el desarrollo de uno y otro plan", afirmó Toscano, que se mostró convencido de que el 100% de los municipios recibirá dinero de estos fondos.

Los secretarios de UGT y CCOO en Andalucía, Manuel Pastrana y Francisco Carbonero, respectivamente, no pudieron más que valorar esta medida dirigida a minimizar el impacto de la crisis en un sector "terriblemente" castigado como el de la construcción y por atender a la parte más frágil de la cadena, la pequeña y mediana empresa y sus trabajadores, que podrán tener un año y medio de empleo. Pese a coincidir en este planteamiento, la nota crítica a estos fondos la puso el dirigente de CCOO. Desde la perspectiva de que no son más que el aplazamiento de la situación, Carbonero recomendó que la salida "no es seguir alimentando la construcción, sino mirar hacia otras actividades productivas".

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