El Tribunal Supremo ha admitido el conflicto de jurisdicción planteado por la Junta de Andalucía a raíz de que la juez Mercedes Alaya, que investiga el fraude en los Expedientes de Regulación de Empleo(ERE), reclamara las actas de los Consejos de Gobierno desde 2001.

En una providencia hecha pública, el Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales, que encabeza el presidente del Supremo Carlos Dívar junto a otros dos magistrados, ha dado un plazo de diez días al fiscal y a la Junta de Andalucía, que defiende el carácter secreto de esas actas, para que presenten sus alegaciones.

Una vez adoptada esta decisión, de la que ha sido ponente el magistrado Octavio Juan Herrero, el tribunal ha dado hoy mismo traslado a las partes de las actuaciones que han sido remitidas desde el juzgado de Alaya, por lo que los díez días comienzan a contar a partir del lunes, han informado fuentes del alto tribunal.

El pasado 8 de julio, Alaya, titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, elevó al Supremo este conflicto de jurisdicción, solicitado desde marzo por la Junta.

En ese mismo auto acordaba, no obstante, "mantener la jurisdicción" de su juzgado e insistía en "requerir" a la Junta "el cumplimiento de la prueba ordenada" al defender su competencia para acceder a todas esas actas.

En otra providencia notificada ese mismo día, la juez daba cuenta de que las actas, cuyas copias compulsadas están custodiadas desde abril en una sede judicial y no en su juzgado, están a disposición de la Junta "desde la notificación del auto de la Audiencia" de hace dos días en el que ordenaba su devolución al Gobierno autónomo.

La juez defendía la relevancia del acceso a las actas para la investigación, sobre todo las relativas a las decisiones sobre el fondo que transfirió la Consejería de Empleo al IFA -ahora IDEA- para ayudas a empresas en crisis, pues se investigan "dos hechos claramente diferenciados e interrelacionados entre sí".

Uno es "la trama para incluir en los ERE o en las pólizas" de pago de prejubilaciones a personas que nunca habían trabajado en esas empresas, "autorizadas por responsables de la Administración a modo de 'fondo de pensiones'" y cuyos beneficiarios eran "designados por motivos de amistad, de relaciones familiares o de pertenencia al PSOE o a determinados sindicatos".

El otro aspecto que se investiga es la figura de transferencia de financiación con cargo al llamado "fondo de reptiles" que Empleo utilizó para esas ayudas que materializó el IFA -dependiente entonces de la Consejería de Economía-, cuando debería haber sido por el sistema de "subvención excepcional", como el auto recalca que advirtió reiteradamente desde 2002 la Intervención de la Junta.

Por ello, pidió copias de las actas de los consejos de Gobierno desde 2001, cuando Empleo y el IFA firmaron ese acuerdo marco, para "averiguar" si el Ejecutivo "adoptó algún acuerdo" al poder conocer dicho déficit o sobre su vigencia, ya que expiraba en 2003, o si de las actas "puede desprenderse alguna actuación delictiva por parte de autoridad o funcionario público".