LA piel de toro se ha vuelto sensible, está cogida por cinco esquinas y basta un gesto para que se estremezca como si poseyera vida. También es un asunto de liderazgo, porque la polémica del cupo evidencia dos asuntos: el central, la desigualdad del País Vasco con el resto de España, y el colateral, el peso de Susana Díaz respecto a su secretario general, Pedro Sánchez. El martes pasado, la presidenta andaluza fue preguntada en el programa de Carlos Alsina de Onda Cero sobre el concierto fiscal vasco y la posibilidad de que Cataluña pudiera adoptar una fórmula similar. Cuando se le cuestionó si el cupo constituía un privilegio, contestó: "Hay que modularlo". Y fue como un dedo en la llaga. Desde Euskadi le respondió el PSOE de Idoia Mendía; el PP, que era de Arantza Quiroga hasta hace horas; el PNV, por boca del portavoz Erkoreka, y un día más tarde, el propio lehendakari, Íñigo Urkullu. Pareció como si Susana Díaz abriese la caja de Pandora, pero en realidad la presidenta se remitía a la tesis oficial del PSOE. Sí, el 1 de octubre, Pedro Sánchez declaró lo mismo en la Cadena Ser. Donde Díaz propuso "modular", su secretario general dijo "modificar y actualizar", lo mismo, pero sus palabras apenas tuvieron eco.

La polémica que abrió la presidenta andaluza, y que fue respaldada por Ximo Puig desde Valencia y por Miquel Iceta desde Cataluña, quedó cerrada por el propio Sánchez el jueves pasado desde Langreo, donde vino a decir que los socialistas se encontraban "cómodos" con el cupo, aseveración que no es del todo cierta y que ha agravado la grieta con el PSOE andaluz.

"Lo que no puede ocurrir es que salgan a decir lo mismo que el secretario general, y éste salga corriendo a la vuelta de la primera esquina". El enfado en el PSOE andaluz con Sánchez es tan rotundo como el parecer de este entrecomillado de un miembro de su Ejecutiva. Los socialistas no se oponen al concierto vasco, que es el sistema de financiación propio de Euskadi y de Navarra (éste se denomina convenio), sino que quieren una mejora del cálculo del cupo, que es la cantidad que anualmente paga el País Vasco al conjunto del Estado. Eso es lo que mantuvo Susana Díaz en Onda Cero, y lo que el catalán Iceta expresó de mejor modo con su agudeza peculiar: "Sí al cupo, pero no al cuponazo".

La versión que corre en la dirección del PSOE andaluz es que Pedro Sánchez aspira a conseguir el apoyo del PNV si le hace falta en la investidura como presidente del Gobierno frente a Mariano Rajoy. Se trata de no enemistar a los amigos vascos con un tema tan sensible como su financiación, que fue uno de los principales argumentos que presidió la entrevista de Urkullu y el secretario general en julio pasado. Una fuente del PSOE andaluz sostiene que el lehendakari también tiene este acuerdo con Rajoy, pero el presidente del Gobierno se ha mostrado más cauto que el socialista. El jueves pasado, el Ministerio de Hacienda también aclaraba que ni el concierto ni el cupo estaban en discusión. Cuando se comience a negociar el nuevo sistema de financiación, y Rajoy quiere hacerlo en cuanto gane las elecciones si es que eso ocurre, será sólo sobre el régimen general, por lo que el País Vasco y Navarra estarán exentos. Y ése es el problema: sin estas dos comunidades, al menos sin variar la cifra que pagan al conjunto del país, seguirá siendo muy difícil cuadrar las cuentas.

O para expresarlo de otro modo: mientras las dos comunidades forales no contribuyan con más dinero a la caja común, serán Cataluña y Madrid las que carguen con el sobresfuerzo fiscal, que ha sido la principal queja de los nacionalistas catalanes hasta que se convirtieron en independentistas. En su última reunión antes de la ruptura, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, le pidió a Rajoy una suerte de pacto fiscal, algo similar al cupo vasco. Tal cual es imposible, el PIB catalán es casi el 19% del conjunto del país, mientras que el de Euskadi es del 8%, hasta ahora España se ha podido permitir la excepción vasca, pero la catalana significaría el empobrecimiento general del conjunto.

En cierto modo, la singularidad del País Vasco respecto a Cataluña es tan difícil de entender como la parábola del hijo pródigo para el segundón perjudicado. El segundo vástago se pregunta: ¿Y por qué yo no, padre? Ahí va una explicación.

Ningún Estado federal del mundo deja en manos de uno de sus entes federados la gestión, recaudación e inspección de los tributos como hace España con las comunidades forales. En virtud de la disposición adicional primera de la Constitución, estas dos comunidades tienen garantizados sus "derechos forales", que en materia de financiación se traduce en que son sus diputaciones las que recaudan casi todos los impuestos, IRPF y sociedades incluidos, pagan al Gobierno autónomo y éste compensa al conjunto del Estado con una cantidad anual, que es el cupo vasco y la contribución navarra. El cupo trata de cubrir el coste de las competencias no asumidas por el País Vasco que el Estado sí paga en la comunidad, y ahí va desde la gestión de los aeropuertos a una parte alícuota de la representación exterior, la defensa del país o la Jefatura del Estado. También una parte para el Fondo de Compensación Interterritorial, que debiera ser el garante de la solidaridad entre comunidades.

Pero así como el concierto está garantizado por esa disposición de la Constitución, el artículo 138 de la Carta Magna también sacraliza que la diferencia entre Estatutos autonómicos "no podrá implicar en ningún caso privilegios económicos", y eso es lo que está en duda con el cálculo del cupo. Tanto los estudios de las balanzas fiscales publicados por el Ministerio de Hacienda como todos aquellos que contabilizan el gasto social por comunidades indican una desigualdad entre españoles. El gasto en sanidad, educación y servicios sociales en Euskadi se sitúa a 47 puntos porcentuales por encima del andaluz: si en 2013, la media vasca era de 8.360 euros por habitantes, la andaluza fue de 5.659 euros y aún se sitúa en peor situación Canarias o Baleares. Además, el esfuerzo fiscal en Andalucía es más alto que en el País Vasco, que sale beneficiado porque el conjunto de sus contribuyentes gozan de mejor renta y porque la cantidad que se paga a España es muy baja para reequilibrar el sistema.

Y a eso se añade el resultado de las balanzas fiscales, de las que Hacienda ha publicado las relativas a 2011 y 2012. La balanza trata de calcular el flujo neto de unas comunidades a otras, su cálculo es polémico y su publicación más, ya que se trataba de una reivindicación de Cataluña para demostrar su esfuerzo fiscal con el resto del país, un déficit que se convirtió en el esqueleto del lema España nos roba. Hacienda ha publicado la balanza calculada con el método carga beneficio, y el resultado es que cuatro comunidades aportan al Estado más de lo que reciben: Madrid, Cataluña, Baleares y Valencia. El País Vasco y Navarra, a pesar de figurar entre las comunidades más ricas del país, serían beneficiarias netas. Es decir, que no sólo serían ricas y sus ciudadanos gozarían de un nivel de servicios muy altos -demasiado si se compara con la media-, sino que recibirían la solidaridad del resto del Estado.

El porcentaje que sirve para calcular el cupo es el mismo desde 1981, un 6,24%, el equivalente al peso del PIB vasco en el conjunto español, aunque ahora es del 8%. El problema reside, no obstante, en la base a la que se le aplica esta fracción y al cálculo de proporcionalidad del IVA, un impuesto que no recaudan las haciendas forales. Siguiendo con la comparación del hijo pródigo, es evidente que España no se puede permitir un segundo privilegiado sin dejar de ser el país que la Constitución describe.

Nueve comunidades autónomas se han quejado de este sistema en una ronda de contactos que el Ministerio de Hacienda inició en verano para reformar el sistema de financiación y que ha quedado plasmado en un documento de síntesis que se envió a los gobiernos autonómicos el pasado 16 de septiembre. Andalucía no está entre las quejosas, y el argumento resulta paradójico, aunque cierto: el sistema que se va a reformar es el general, y País Vasco y Navarra están fuera, tienen el propio, una singularidad puesta ahora en duda.