Una nueva sentencia del Poder Judicial viene a parar los pies a la externalización de funciones que pretende la Junta de Andalucía a través de sus empresas públicas, ajenas al control de los funcionarios. Así lo celebra el Sindicato de Funcionarios de la Junta de Andalucía Safja, que ayer informó de un auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en el que desestima definitivamente el recurso de apelación interpuesto por la Junta contra la denuncia por una encomienda de gestión del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a una de las fundaciones de la Junta, Faffe, donde trabajan más de 1.600 externos.

El auto de medidas cautelares dictado por el juzgado de lo contencioso administrativo número 6 de Sevilla suspende la resolución por la que la Faffe se encargaría de la explotación de datos derivados de la gestión de formación para trabajadores ocupados.

La encomienda era por un millón de euros. Safja expuso que sólo las encomiendas de gestión recurridas a Faffe suman un gesto total de casi 28 millones de euros. La sentencia del TSJA además condena en costas a la Junta, "que saldrán del bolsillo de los andaluces por su hábito continuado de recurrir automáticamente las sentencias y autos que la deslegitiman".

Este sindicato tiene dos autos más de suspensión cautelar de encomiendas de gestión, uno a Sadesi, y otro a la Agencia de Innovación y Desarrollo (Idea) cuya finalidad era la expropiación de terrenos, aseguraron fuentes del sindicato, que criticaron por último la acción de la Junta de que encomiende potestades públicas a la "Administración paralela".