La iniciativa del Ayuntamiento linense de implantar una tasa de congestión que afectará a los turismos que visiten Gibraltar y transiten por el suelo municipal de La Línea ha llegado a Estados Unidos tras hacerse eco de este proyecto el diario The New York Times en su edición de ayer.

No obstante, las referencias a La Línea se encuadran dentro de una información que explica los efectos de la crisis económica en España y, en particular, en muchos municipios andaluces, incluido Jerez de la Frontera, debido al colapso del sector de la construcción.

En lo que se refiere a La Línea, el New York Times destaca que los planes del alcalde, Alejandro Sánchez, se han encontrado con el rechazo expreso tanto del Gobierno español como del británico, en lo que define como "una excepcional muestra de unión británico-española en relación a este territorio".

En este sentido, recoge declaraciones del primer edil linense en las que señala que, "por primera vez en la disputa sobre Gibraltar, el Gobierno español se ha puesto al lado del británico. No me importa si los conductores van o no a Gibraltar, sino conseguir que la vida en La Línea sea cada vez mejor. La tasa no es un intento de discriminación contra Gibraltar, sino un modo de compensar la polución y la congestión del tráfico que causan seis millones de vehículos circulando por La Línea cada año".

El periódico neoyorkino agrega que la introducción de la tasa de congestión no busca únicamente "reducir el daño medioambiental que provoca el tráfico rodado, sino también reponer los fondos de la ciudad".

En este punto, expone que La Línea debe a los bancos cien millones de euros y que desde el verano arrastra problemas para pagar las nóminas de los trabajadores municipales. Añade que el número actual de parados es de 10.000 frente a los 4.000 de hace cinco años.

The New York Times cita también que el regidor linense "está luchando por restaurar la confianza en los políticos municipales de esta ciudad tras asumir la Alcaldía en octubre de 2009, cuando su antecesor fue inhabilitado".

En lo que respecta al Gobierno español, el diario hace hincapié en que el ministro responsable de Fomento, José Blanco, ya ha anunciado que el Ejecutivo tomará acciones legales contra cualquier peaje, "argumentando que gravar por el uso de una carretera nacional excede las competencias de un alcalde".