El Tribunal encargado de enjuiciar el caso 'Malaya', contra la presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), ha pedido a las partes, acusaciones y defensas, que hagan un resumen o informe de prueba para concluir el bloque dedicado a analizar la operación urbanística denominada Crucero Banús, que comenzó el pasado 13 de diciembre con la declaración de los acusados y en el que han comparecido más de una veintena de testigos y peritos.

Según ha explicado el presidente de la Sala, José Godino, se trata de elaborar un resumen de prueba, que los letrados de las acusaciones y las defensas presentarán de forma voluntaria y expondrán el próximo lunes día 14 de febrero en una vista oral. Con esto, los miembros del Tribunal harán una deliberación abierta y de carácter interno que les servirá de cara a la sentencia que se dictará al final del juicio, lo que no se prevé que suceda hasta al menos un año.

La Sala ya pidió a los dos peritos de la Agencia Tributaria y al experto en Economía propuesto por una de las defensas que hicieran un resumen económico en el que se detallara las conclusiones obtenidas tras lo expuesto en el interrogatorio, que se prorrogó durante cinco sesiones, haciendo especial hincapié en las cuestiones controvertidas y en los aspectos consensuados entre los tres peritos. El Tribunal precisó que las conclusiones debían ser "fundamentadas", explicando el por qué y en qué documento pericial se basaba.

Está previsto que el nuevo bloque del juicio comience el lunes día 21 de este mes. Éste, que podría tardar en juzgarse unos cuatro o cinco meses, cuenta con 31 acusados, entre ellos el presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, y supuestos testaferros de éste, acusados de blanqueo de capitales, como los abogados del despacho Sánchez Zubizarreta, Montserrat Corulla, Óscar Benavente o Salvador Gardoqui.

Crucero Banús

En el bloque sobre Crucero Banús, se ha analizado esta operación por la que, según el fiscal, Roca, el exedil Pedro Román, el letrado Juan Hoffman y el acusado Florencio San Agapito se concertaron para adquirir una parcela en Marbella sobre la que se conseguiría, con un convenio, un incremento de edificabilidad, para revenderla "garantizándose un beneficio económico muy superior al que resultaría de la reventa en el mercado".

El precio de la operación, que se desarrolló a través de una sociedad suiza que compra las participaciones de la entidad titular del suelo, fue de 4,3 millones de euros y el perjuicio para las arcas municipales de casi cinco millones de euros, mientras que los acusados lograron, según la acusación, un beneficio de más de seis millones. La venta se hace a empresas del promotor José Ávila Rojas, también acusado en este bloque, junto al exalcalde Julián Muñoz y el tasador José Mora.

En la sesión de este miércoles han declarado los últimos testigos de este bloque. Así, el secretario general de la Delegación de Gobierno andaluz, Jaime Aguilera, propuesto por la defensa de Roca, ha manifestado respecto a los convenios que "no se entraba en el fondo, porque es un acuerdo entre partes", aunque ha señalado que el ayuntamiento se compromete "a muchas cosas" con estos documentos. Ha dicho que lo que la Junta fiscalizaba era el acto administrativo y no ese documento en sí.

Así, ha ratificado un informe firmado por él, en el que se expresa "el parecer jurídico de la Junta" al respecto y que ha sido analizado en su mayoría con las preguntas de la letrada de Roca. Según los datos contenidos en el documento, fueron 359 los convenios enviados. Ha dicho que en un primer momento "no llegaban" estos documentos y, posteriormente, "si llegaban, la mayoría era sin informes", insistiendo en que "no llegábamos a estudiarlos".

Preguntado por la representación de la Junta de Andalucía, este testigo ha precisado que lo que recibe la Delegación del Gobierno por parte de los ayuntamientos es "un extracto" de actos administrativos acordados, por lo que no se incluye el texto del convenio en sí.

Convenios en sobres

Asimismo, ha declarado el que fuera tesorero del Ayuntamiento José Muñoz, propuesto por la defensa de Roca, quien ha asegurado que éste no le daba órdenes y que recibía los convenios "bastante después" de que se firmaran y de forma poco ortodoxa, ya que, según ha explicado, "se presentaba un empleado con un sobre, lo abría y veía que era un convenio urbanístico", por lo que "lo primero que hacía era ir a Intervención" para ver si lo tenían.

En este sentido, ha apuntado que a veces los convenios iban acompañados por una parte del pago correspondiente al mismo y ha apuntado que instaba a que le informaran cuando se tramitara la licencia de obra para exigir la segunda parte del abono. Ha añadido que en el caso de Crucero Banús, se tuvo que realizar providencia de apremio, que se remitió al Patronato de Recaudación, dependiente de la Diputación, organismo que "incluso embarga una pequeña cantidad de dinero".

Ha señalado que las sociedades municipales se escapaban a su control, "lo cual es un error de la ley", no así el Ayuntamiento; y ha apuntado que los caudales públicos se ingresaba en una misma Tesorería y las órdenes de pago procedían del alcalde o el edil de Hacienda, si se había delegado en él, mientras que el interventor "fiscalizaba" y el tesorero "ejecutaba". Ha añadido que si un convenio no puede realizarse "habría que promover un expediente para devolución del ingreso".

Asimismo, ha comparecido el que fuera segundo de la Policía Local de Marbella en 2001 y actual intendente jefe, Rafael Mora, quien ha señalado también que Roca no le dio órdenes "directamente" nunca y que no tenía conocimiento en ese momento que hubiera corrupción ni en su cuerpo policial ni en el Ayuntamiento. Ha añadido que él no ejerció funciones de inspección urbanística, lo que en todo caso le habría correspondido al entonces jefe Rafael del Pozo, acusado en otro bloque de la causa.