UGT Andalucía jugará todas las cartas que tiene en su mano para tratar de retrasar al máximo la ejecución de los expedientes de reclamación que la Junta de Andalucía ha enviado al sindicato y que suman, por ahora, un total de 3,6 millones de euros por presuntas irregularidades encontradas en la justificación de gastos de los programas Orienta 2009 y 2010. Para ello, como adelantó ayer este medio, la ejecutiva andaluza de UGT ha recabado de la juez Mercedes Alaya un certificado que consigna que la organización sindical tiene intervenida parte de la facturación y documentación desde el pasado diciembre.

Fuentes del sindicato UGT-A confirmaron ayer que con este documento se solicitará a la Junta una "ampliación del periodo de alegaciones", una estrategia que el sindicato repetirá si en lo sucesivo recibe nuevos expedientes de devolución por parte del Gobierno andaluz. "El sindicato está cumpliendo con todo lo que se nos está pidiendo. La investigación de la Administración sigue su curso y tenemos las limitaciones que tenemos porque hay parte de la documentación que está en sede judicial. Por lo que corresponde perfectamente a la legalidad solicitar una ampliación del periódo de alegaciones", insistió esta fuente que habla de una "total colaboración" con la juez.

Respecto a la investigación interna promovida por la anterior ejecutiva, la de Francisco Fernández Sevilla y que heredó la actual secretaria general, Carmen Castilla, el sindicato declara que "está cerrada, es decir no se siguen mirando más documentos, pero todavía no tenemos el texto definitivo con el visto bueno de la comisión ejecutiva para que se cuelgue en la web para información de afiliados y ciudadanía en general".

Según UGT-A, la comisión se ha dado "ya" por cerrada "porque es imposible cotejar la documentación que está en sede judicial". Es decir, la actual ejecutiva estaría dando por válida que "sólo" encuentra usos fraudulentos en facturas por un total de 80.000 euros, "a pesar de que fueron recibidas y aprobadas en su día por la Administración".

Mientras el curso de la investigación judicial y administrativa sigue su curso, la organización dice estar "preocupada" en hacer "sindicalismo", como el respaldo que Castilla dio ayer a la nueva ejecutiva en Cádiz. Ante los delegados del congreso extraordinario dijo, según recoge Efe, que "se nos pide transparencia y la habrá" y "si alguien ha hecho algo malo" tendrá que responder "primero ante sus afiliados". En la agenda de trabajo que tiene Castilla los próximos días no figura una reunión con la presidenta de la Junta, Susana Díaz, porque "no se ha solicitado ninguna reunión" por parte del sindicato.