La Audiencia de Sevilla ha decidido mantener la fianza de 450.000 euros al dueño de la consultora Uniter, José González Mata, al entender que este empresario jerezano "no es un mero invitado de piedra" en la elaboración y tramitación de los ERE, por lo que concluye que para neutralizar el posible riesgo de fuga ante las posibles penas que le pudieran corresponder es necesario mantener esta cuantía.

Antes de que la Audiencia dictara este nuevo auto, la juez Mercedes Alaya ya había rebajado de 600.000 a 450.000 euros la fianza para González Mata, en una decisión que la magistrada adoptó el pasado 31 de julio, el último día que trabajó antes de marcharse de vacaciones. La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha confirmado ahora en todos sus extremos la decisión de Alaya y ha desestimado el recurso de apelación presentado por la defensa, que había alegado que no existían indicios para imputar hechos delictivos a su cliente, limitándose su labor a ser un mediador de seguros sin que influyera en la inclusión de intrusos ni realizara ingresos al bufete sevillano Estudios Jurídicos Villasís para que abonara comisiones al conseguidor de los ERE Juan Lanzas.

Frente a estos argumentos, la Audiencia considera que de las diligencias practicadas hasta la fecha "se infiere" que el empresario ha podido participar en delitos continuados de cohecho, malversación, prevaricación, contra la Hacienda Pública, falsedad documental y asociación ilícita, y todo ello porque el dueño de Uniter y de Ingotor "ha obtenido elevadas sobrecomisiones y entregado como contrapartida, a cargos de la Administración autonómica, a los denominados conseguidores y a otros colaboradores, cuantiosas gratificaciones justificadas mediante facturas falsas, incluyendo asimismo como beneficiarios de las pólizas a personas afines, los denominados intrusos".

La Audiencia recuerda que las empresas de González Mata recibieron comisiones de 21,5 millones, de los que más de 13,3 millones superan la comisión media del mercado, y recuerda que el dueño de Uniter cobró 10 millones por su intervención en el ERE de la Faja Píritica de Huelva, de los más de cinco millones superan la comisión media y donde fue designado "coordinador para la ejecución de las operaciones y seguimiento de los planes de prejubilación", por lo que a juicio de los jueces no fue un "invitado de piedra" en los ERE.

Además, la Audiencia señala que González Mata intervino directamente en la inclusión de cinco intrusos en el expediente de Tharsis, asunto en el que el empresario reconoció que se lo había pedido el entonces director general de Trabajo Javier Guerrero. La defensa alegó que en el caso de González Mata se estaba vulnerando el principio de igualdad, por cuanto el ex director de Trabajo ya está en libertad tras haber pasado unos meses en prisión, pero el tribunal concluye que las conductas de ambos "no son equiparables" y rechaza que la intervención de González Mata pueda ser "secundaria", por cuanto además "parece que se ha lucrado sobremanera con su presunta participación en dicha trama y ha obtenido pingües beneficios de posible origen ilícito".

La Audiencia insiste en que González Mata ha "amasado un patrimonio importante" y señala que en el caso de Cureña, empresa de la que es socio y administrador único, no tiene actividad alguna pero ha adquirido entre 2001 y 2011 un total de 29 inmuebles valorados en más de 13 millones de euros. Desde marzo de 2011 dicha empresa tenía casi tres millones en imposiciones de plazo fijo y en productos de pasivo.