El coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, ha propuesto por carta a los líderes del PSOE, Manuel Chaves, y del PP, Javier Arenas, la creación de un grupo de trabajo en el Parlamento andaluz para consensuar la denominada "deuda histórica", y que su formación cifra en 7.500 millones de euros.

En la carta, a la que ha tenido acceso Efe, Valderas recuerda a Chaves y a Arenas que la federación de izquierdas ya ha cifrado en 7.500 millones de euros este concepto, fruto de "multiplicar la cantidad consignada por dicho concepto en los sucesivos presupuestos de la Junta de Andalucía a lo largo de los últimos 25 años".

Tras recordar que la redacción de la Disposición Adicional Segunda del nuevo Estatuto -donde se recoge la "deuda histórica"- es "el resultado de un acuerdo político" entre IU y PSOE, Valderas ha señalado que los plazos previstos para la cuantificación y cobro de la misma -18 meses y tres años respectivamente-, "ya están avanzando inexorablemente".

Por ello, según el coordinador regional de IU, resulta urgente buscar "un acuerdo entre todas las fuerzas políticas parlamentarias sobre la determinación de los criterios, alcance y cuantía".

Ha recordado que el anticipo a cuenta de 300 millones de euros acordado en octubre por Chaves y el vicepresidente del Gobierno, Pedro Solbes, debe cobrarse "no más tarde del 31 de marzo de 2008 y, sin embargo, es público y notorio que el cobro efectivo de dicho anticipo aún no se ha efectuado".

Igualmente, ha recordado que el consejero de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán, desveló hace unas fechas que la Junta ya ha presentado al Gobierno una propuesta de cuantificación de la "deuda histórica" que no ha hecho pública "por discreción".

Ha criticado la "desconfianza y una voluntad excluyente" hacia las demás fuerzas políticas por parte de la Junta, a la que ha acusado de "hurtar" el debate de un asunto "tan importante" en el seno del Parlamento de Andalucía.

Valderas ha destacado la importancia de crear un grupo de trabajo en la Cámara con presencia de los tres grupos parlamentarios y la propia Junta "para alcanzar una propuesta consensuada que fije la posición unánime de Andalucía en la negociación con el Gobierno de España en el seno de la Comisión Mixta Paritaria Estado-Junta de Andalucía".