La vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, insistió hoy en su discrepancia con la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de imponer una sanción económica al juez de Sevilla Rafael Tirado por los retrasos en la ejecución de una sentencia contra Santiago del Valle, presunto asesino de la niña Mari Luz. Manifestó su coincidencia con el recurso de la Fiscalía para que el juez sea suspendido por tres años y defendió que puedan criticarse las decisiones de "política judicial" del Consejo.

De la Vega se refirió a este asunto durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, tras ser preguntada por la jornada de paros convocada para el próximo martes por los secretarios judiciales en protesta por la sanción impuesta por el Gobierno a la secretaria judicial de Tirado. La protesta tendrá el apoyo de los jueces mediante la celebración de juntas ese mismo día en todos los órganos judiciales.

En el origen de esta protesta están las manifestaciones realizadas en su día tanto por De la Vega como por el Ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, respecto a la sanción de 1.500 euros impuesta al juez Tirado. Los jueces tienen previsto rechazar lo que consideran "injerencias" políticas que atribuyen al interés del Gobierno por esconder las carencias estructurales en la Administración de Justicia.

De la Vega recordó que desde el primer momento había manifestado su discrepancia con la sanción económica impuesta a Tirado y que así se lo trasladó el Gobierno tanto la familia de la niña onubense Mari Luz Cortés como a la opinión pública.

"La Fiscalía solicitó tres años de suspensión para el juez por falta muy grave y es un criterio con el que coincido plenamente", dijo la portavoz, que agregó que no cree que "expresar públicamente una opinión pueda influir en ningún sentido en la decisión que adopte el Consejo del Poder Judicial".

De la Vega dijo sentirse sorprendida por la reacción que han suscitado sus manifestaciones "porque en democracia los poderes públicos están sometidos a la crítica pública. Así, explicó que en este caso no se está hablando del ejercicio de la función jurisdiccional por los órganos judiciales, "sino del ejercicio de un poder de política judicial", en referencia a las funciones disciplinarias del CGPJ.

En cuanto la sanción que finalmente adopte el Consejo respecto al juez Tirado, De la Vega recalcó que será "libérrima, adoptada por el órgano de Gobierno de los jueces con absoluta autonomía, independencia y libertad de criterio". Sobre los dos años de suspensión con los que fue sancionada la secretaria del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Juana Gálvez, por su responsabilidad en la ejecución de la sentencia contra Del Valle, De la Vega dijo que fue "proporcionada y adecuada".