Un acuerdo "histórico" mejora las condiciones de 65.000 empleados públicos andaluces

Los sindicatos CCOO, UGT y CSIF han alcanzado este jueves un importante preacuerdo con el Gobierno de la Junta de Andalucía que beneficiará a más de 65.000 trabajadores del sector público andaluz. El acuerdo, que será ratificado este viernes en la Mesa General de Negociación Común, contempla mejoras significativas en las condiciones salariales y laborales para el personal de la administración general, justicia y entes instrumentales durante el período 2026-2030.

El preacuerdo tiene un alcance económico de 250 millones de euros y sienta las bases de un acuerdo con un horizonte temporal de cinco años, que consolida los procesos de modernización y mejora del sector público andaluz y que se estructura en cuatro ejes, según ha cifrado el propio Ejecutivo andaluz en un comunicado.

El acuerdo tiene entre sus claves la adición a la nómina de un nuevo complemento, el llamado de carrera, que incrementa la retribución de los empleados públicos en función principalmente del tiempo de ejercicio. El complemento de carrera se suma al resto de los conceptos retributivos, informa una nota remitida por el sindicato CSIF, y está separado en seis tramos en función del tiempo de carrera profesional. Las cantidades son acumulativas a medida que se avanza en los tramos.

Otra de las claves del pacto es el denominado complemento de desempeño, que sustituye al actualmente denominado complemento de actividad, y que los empleados recibirán de modo anual en base al grupo funcionarial. Esta retribución añadida se aplica siempre que el trabajador cumpla unos requisitos establecidos y está orientado para el "desarrollo profesional individual y a la mejora organizativa", señala CSIF en la nota remitida a los medios. El compromiso es culminar el desarrollo normativo de este complemento antes de abril de 2026.

Otro punto fundamental del pacto consiste en culminar antes de diciembre de 2025 la negociación del VII Convenio Colectivo del personal laboral de la Junta, incluyendo la evaluación del desempeño, de la carrera horizontal y de la reclasificación de las funciones.

Las negociaciones se retomaron esta mañana tras las movilizaciones de ayer, con demandas centradas en la carrera profesional, subidas salariales, homologación de condiciones, desbloqueo de convenios colectivos y recuperación de derechos perdidos durante los recortes de la última década. El preacuerdo marca un punto de inflexión que deberá materializarse en cada ámbito específico de negociación.

Recuperación de derechos suspendidos y nuevo modelo retributivo

Otro de los avances más destacados del preacuerdo es la recuperación de las ayudas de acción social suspendidas desde 2012, que comenzará a implementarse a partir de 2026. Esta medida representa la reversión de uno de los recortes más controvertidos aplicados durante la crisis económica y que había sido una reivindicación constante de los sindicatos durante los últimos 13 años.

El documento también contempla la creación de un nuevo modelo profesional basado en el mérito, la evaluación del desempeño y la formación continua, acompañado de una mejora sustancial de las condiciones laborales y salariales de los empleados públicos andaluces. Este sistema se alineará con la actual Ley de Función Pública de Andalucía, que establece un modelo basado en complementos objetivos.

Asimismo, el preacuerdo recoge el compromiso de actualizar los convenios obsoletos en el sector público instrumental, adaptándolos al marco normativo vigente y a las necesidades organizativas actuales. Esta medida responde a una demanda histórica de los trabajadores de entidades y empresas públicas andaluzas, cuyos convenios llevaban años bloqueados.

Estabilidad laboral y reducción de la temporalidad

Otro de los puntos clave del acuerdo es el establecimiento, con carácter inmediato, de un modelo de planificación que garantice la estabilidad en el empleo público andaluz. Este plan permitirá reducir la tasa de temporalidad por debajo del 8%, cumpliendo así con la legislación actual que busca minimizar la precariedad laboral en las administraciones públicas.

La reducción de la temporalidad representa un objetivo prioritario para los sindicatos, especialmente tras los procesos de estabilización llevados a cabo en los últimos años como consecuencia de la aplicación de la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Con este nuevo acuerdo, se busca consolidar los avances logrados y prevenir futuros abusos en la contratación temporal.

El preacuerdo supone, en palabras de CCOO, un "avance" que deberá concretarse en los próximos meses a través de las negociaciones específicas en cada ámbito sectorial. La implementación de las medidas acordadas comenzará en 2026 y se extenderá hasta 2030, estableciendo un marco estable de relaciones laborales para el próximo quinquenio.

Los sindicatos y sus movilizaciones como motor del cambio

El camino hasta este preacuerdo no ha estado exento de tensiones. Los sindicatos han mantenido durante los últimos meses una intensa campaña de movilizaciones para presionar al Gobierno andaluz. Destaca especialmente la manifestación convocada en solitario por CCOO el 18 de junio de 2024, que consiguió reunir a más de 7.000 personas frente al palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta.

A esta acción le siguieron otras, como la protesta del 30 de octubre de 2024 y la concentración celebrada este miércoles, ya de manera conjunta con UGT y CSIF. Esta presión sindical ha resultado determinante para desbloquear unas negociaciones que llevaban meses estancadas, según reconocen las propias organizaciones sindicales.

El preacuerdo alcanzado ayer deberá ser ratificado formalmente mañana en la Mesa General de Negociación Común, para posteriormente trasladarse a cada ámbito específico: mesas sectoriales (administración general, justicia) y mesas de negociación en los diferentes entes instrumentales de la Junta de Andalucía.

¿Qué beneficios concretos obtendrán los trabajadores públicos andaluces?

El preacuerdo firmado ayer supone una mejora sustancial en diversos aspectos laborales para los más de 65.000 empleados públicos andaluces. En primer lugar, garantiza la aplicación de los incrementos salariales máximos aprobados en los Presupuestos Generales del Estado, evitando así que Andalucía quede rezagada respecto a otras comunidades autónomas.

Además, se recuperarán progresivamente las ayudas de acción social suspendidas desde 2012, que incluyen complementos por situaciones familiares especiales, ayudas para estudios, prestaciones sanitarias no cubiertas por la Seguridad Social, y otros beneficios sociales. Esta medida representa la reversión de uno de los recortes más dolorosos aplicados durante la crisis económica.

El acuerdo también prevé la modernización del sistema retributivo, adaptándolo a la actual Ley de Función Pública de Andalucía. Esto permitirá reconocer adecuadamente el mérito y el desempeño profesional, incentivando la formación continua y la especialización de los empleados públicos. Asimismo, se establecerán mecanismos para garantizar la estabilidad laboral y reducir la temporalidad por debajo del 8%.

La administración pública andaluza y sus desafíos actuales

La administración pública andaluza se enfrenta actualmente a importantes desafíos, como la modernización de sus estructuras, la adaptación a las nuevas tecnologías y la necesidad de ofrecer servicios de calidad a la ciudadanía. En este contexto, contar con una plantilla motivada y con condiciones laborales dignas resulta fundamental para garantizar la eficiencia y la calidad del servicio público.

El preacuerdo alcanzado ayer pretende abordar estos retos, estableciendo un marco laboral estable para los próximos cinco años (2026-2030). Esto permitirá planificar adecuadamente la evolución de la administración andaluza, garantizando la estabilidad necesaria para implementar proyectos a medio y largo plazo.

Asimismo, la actualización de los convenios colectivos obsoletos en el sector público instrumental contribuirá a modernizar las relaciones laborales en entidades y empresas públicas andaluzas, adaptándolas a las necesidades actuales y futuras. Esta medida beneficiará tanto a los trabajadores como a los usuarios de los servicios públicos, mejorando su calidad y eficiencia.

Según ha informado CCOO en un comunicado, este preacuerdo es resultado directo de las continuas movilizaciones llevadas a cabo en los últimos meses, incluyendo la manifestación del 18 de junio de 2024 que reunió a más de 7.000 personas frente al palacio de San Telmo, así como las protestas del 30 de octubre de 2024 y la concentración de este miércoles. El pacto supondrá un presupuesto adicional superior a 200 millones de euros en las cuentas andaluzas de 2026 y garantizará la aplicación de las retribuciones máximas aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado.