El juez Pablo Surrocas ha admitido como prueba las grabaciones presentadas por la defensa de Cristóbal Cantos, ex director de promoción de la sociedad publica de capital riesgo Invercaria, en el juicio por el despido de dicho trabajador en junio de 2011. El juez ha autorizado las escuchas de dichas grabaciones, en las que la ex directora de Invercaria Laura Gómiz solicita supuestamente a Cristóbal Cantos que elabore informes falsos para justificar ayudas a empresas.

Para dar el visto bueno a dichas grabaciones, que los abogados que representan a Invercaria y a la ex directora consideran que están manipuladas, el juez ha argumentado que es una prueba pertinente, útil y, además, no vulnera derechos fundamentales. Durante el juicio, que se celebra en el juzgado número dos de lo social de Sevilla, tanto la defensa de Invercaria como la de Laura Gómiz han solicitado la inadmisión de las grabaciones como pruebas porque un informe pericial dictamina que la grabación está alterada y manipulada y contiene hasta trece cortes de voz femenina y una posible alteración del orden temporal de la conversación.

Sin embargo, la defensa de Cantos ha sostenido que el informe pericial sobre esas grabaciones no habla de manipulación sino de "evento electroacústico" que puede ser un ruido, un golpe o una bajada de la tensión eléctrica. En su turno de interrogatorio, la ex directora de Invercaria Laura Gómiz ha admitido que la voz de las grabaciones es la suya, pero "no son sus pensamientos" y ha afirmado que las transcripciones están manipuladas y sus palabras se han sacado fuera de contexto.

A la salida del juzgado, en un receso para la comida, Laura Gómiz ha declarado a los periodistas que todo es un "montaje político", mientras que su abogada, Elia Hernández, ha afirmado en el juicio que el objetivo de Cantos con la grabación no era demostrar el supuesto acoso laboral sino que lo hizo por motivos electorales, ya que se ha difundido coincidiendo con el período electoral en Andalucía. Gómiz ha negado en el juicio que ordenara a Cantos hacer informes falsos para justificar inversiones "sobre las que no ha tenido ninguna responsabilidad" y ha afirmado que Cantos "veía fantasmas donde no los había" porque la tarea que le encomendó consistió en cargar datos de los informes antiguos de empresas participadas por Invercaria a un nuevo programa informático, llamado trewa. Además, ha asegurado que dicho programa no permite alterar las fechas en las que se elaboran los informes sobre las empresas y, además, es una "herramienta incorruptible y lo chiva todo".

La ex directora de Invercaria -participada de forma mayoritaria por la Junta de Andalucía- ha justificado el despido de Cristóbal Cantos en falta de confianza, aunque oficialmente lo atribuyó a bajo rendimiento para que fuera declarado improcedente, y ha cuestionado la valía profesional de dicho trabajador. Al margen de esta opinión, ha reconocido que mantuvieron durante sus años de trabajo juntos una relación cordial, incluso ha confesado que Cantos la elogiada de forma exagerada, y en una ocasión le envió un correo felicitándole por un trabajo. A preguntas del juez ha señalado que en los dos últimos años se han producido más despidos en Invercaria por motivos económicos, pero han alegado, al igual que en el caso de Cantos, bajo rendimiento para que fuera declarado improcedente.

Por su parte, Cristóbal Cantos ha denunciado haber recibido presiones de Laura Gómiz que se fueron haciendo mayores en abril y mayo de 2011 y lo más preocupante fue cuando le decía: "Si no haces estos informes no me vales como trabajador de Invercaria". A raíz de estas presiones decidió grabar una conversación que mantuvo en una reunión a finales de abril con Laura Gómiz y que es la que se ha admitido como prueba en el juicio. Según el ex directivo, el programa trewa se podía resideñar y se podían cambiar y manipular las fechas y, aunque ha reconocido que desconoce si quedaba rastro de las supuestas alteraciones, ha garantizado que él se negaba a introducir datos falsos en los informes que hay que pasar a ese programa informático. El denunciante solicita una indemnización de 300.000 euros y que se declare nulo el despido, mientras que Invercaria y Laura Gómiz piden que se desestime la demanda y una multa por mala fe.