Andalucía

Los agentes sociales critican la falta de planificación del plan de inclusión social

  • Sindicatos, trabajadores sociales y el Defensor del Pueblo andaluz temen que los graves fallos detectados en el primer plan se repitan por la falta de concertación de la Junta

"Cuando no hablas con la gente corres ese riesgo: equivocarte". La queja procede de Nuria López, secretaria de Política Institucional y Empleo de CCOO de Andalucía, uno de los agentes sociales molestos con la falta de coordinación de las políticas públicas de la Junta de Andalucía, y en concreto, con el instrumento improvisado por la Administración andaluza para combatir la exclusión social, un plan de urgencia llevado a cabo el pasado año y cuya reedición se aprobará en unos 15 días, según anunció esta semana la presidenta de la Junta, Susana Díaz.

Agentes sociales lamentan que los graves fallos detectados en el desarrollo del primer plan vuelvan a repetirse por la ausencia de planificación con quienes han colaborado en su ejecución. "Ése es el valor de la concertación, la voluntad política de acordar medidas", subraya López.

La medida de mayor cuantía económica fue un plan de contratación de personas en riesgo de exclusión social en los ayuntamientos, con 40 millones. CCOO critica que no ha existido homogeneidad el acceso de los desempleados y denuncia que algunos ayuntamientos han creado "bolsas de contratación" con falta de transparencia. "Como eran contratos de mil euros, muchos ayuntamientos han fraccionado esta cantidad para llegar a más gente y, en algunos casos, beneficiando a los que el alcalde ha querido con un desprecio absoluto además a los convenios colectivos que marcan cuánto debe ganar un trabajador", censura López. CCOO reivindica que las contrataciones se realicen a partir del Servicio Andaluz de Empleo.

A esta petición se une el Colegio Andaluz de Trabajadores Sociales. Estos profesionales emiten los informes que garantizan que los beneficiarios están en riesgo de exclusión social. En una encuesta a un centenar de colegiados, lamentan la gestión de las contrataciones. "El hecho de haberlo dejado abierto a la determinación de cada municipio ha propiciado una gran disparidad de situaciones que, en opinión de los trabajadores sociales, vulnera el principio de igualdad de los andaluces", subraya el informe. Por ejemplo, si el plazo máximo de contratación era de tres meses, más de la mitad han sido de 15 días o un mes. Los trabajadores sociales exigen que la Junta unifique el procedimiento y regule los plazos.

UGT ha encontrado "de todo", ya que cada ayuntamiento "tiene un convenio colectivo distinto y ha ido en función de si ha tenido más o menos presión económica".

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, valora el "alivio" para cada persona que haya podido trabajar, siquiera, unos meses, aunque estima oportuno reforzar los medios (personales y presupuestarios) de los servicios sociales comunitarios y aboga por "objetivar de alguna forma los criterios o parámetros que determinan la calificación de situación de urgencia social". La valoración del Defensor es "positiva, pero discreta" por la "modesta" cantidad de recursos públicos empleados.

La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales aporta que el nuevo decreto incluirá "alguna mejora técnica", pero seguirán siendo los ayuntamientos los que decidan en función de sus necesidades el periodo de contratación, que seguirá oscilando entre 15 días y tres meses.

La Junta hizo una estimación inicial de 47.000 contratos con este plan. Con los datos facilitados por un 80% de los ayuntamientos participantes, se han registrado 21.758 contratos, casi la mitad.

La segunda pata más cuantiosa económicamente del paquete de medidas fue el refuerzo de la ayuda a domicilio, con 20 millones de euros distribuidos a los ayuntamientos, pero estas ayudas se destinaron a dependientes que aún no tienen grado reconocido en la ley (los moderados, aplazados por el Gobierno del PP a agosto de 2015). Las ayudas apenas estuvieron vigentes unos meses, porque el decreto entró en vigor en junio y éstas finalizaron el 31 de diciembre.

"Generó unas expectativas que no son reales. Ha habido contratos de dos horas que no interesaban a muchas mujeres porque, si se daban de alta, podían perder otros subsidios o ayudas. Se tardó mucho en comenzar y se han rechazado muchas contrataciones", afirma Rosa Berges, secretaria de Política Social de CCOO.

"Fue un error. Se comenzó muy tarde y no existía necesidad de ampliar la cobertura, cuando hay más de 50.000 dependientes en lista de espera", señala Encarna Peláez, presidenta del Colegio Andaluz de Trabajadores Sociales.

Para Maeztu, "entre los usuarios se ha repetido la desilusión al comprobar que se trataba de un recurso pasajero, preguntándose por qué deben conformarse con una medida graciosa y fugaz, en lugar de ver reconocido el derecho".

La Junta no facilita datos de contrataciones, ni de beneficiarios. Aporta que de los 20 millones los ayuntamientos han renunciado a 2,8 millones. La Junta prescindirá de esta ayuda "por petición expresa de los ayuntamientos", pese a que persisten los problemas en las ayudas a la dependencia.

La ayuda que se mantendrá, aunque ha estado en el alero, es el refuerzo alimentario en los colegios (desayuno y merienda para menores de familias en riego de exclusión). Según los datos de Educación, se atendieron a 8.179 beneficiarios en 141 colegios de Infantil y Primaria de zonas con necesidades de transformación social y, tras el inicio del curso escolar, fueron 9.732 beneficiarios en 465 colegios. El presupuesto fue de dos millones de euros. El Defensor del Pueblo andaluz solicita que se extienda esta medida a los centros concertados, que se excluyeron en el primer decreto ley.

Sobre el salario social, los agentes sociales reclaman la suficiencia financiera y la aprobación de una renta básica que sustituya a estas medidas coyunturales.

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