Andalucía cuenta actualmente con 1,6 millones de hectáreas protegidas en 63 espacios declarados como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). La cifra supone uno de los niveles más altos de toda España pero, al mismo tiempo, resulta insuficiente para la Unión Europea.

El Estado español corre el riesgo de sufrir una retirada de los fondos cofinanciados por Europa en materia de Medio Ambiente por un incumplimiento reiterado de la Directiva de Protección de las Aves Silvestres. El Tribunal de Luxemburgo, después de haber emitido ya una primera condena a España por este asunto, deberá evaluar nuevas sanciones en una segunda demanda por lo que la Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife) considera una falta de interés de siete comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, por declarar nuevas ZEPAS. Según los cálculos de SEO, la Consejería de Medio Ambiente debe duplicar la superficie de protección actual.

Hasta ahora, tanto el Tribunal de Luxemburgo como la Comisión Europea han dado como válidas a la hora de fijar las zonas ZEPAS necesarias el inventario de Áreas Importantes para las Aves elaborado por SEO en 1998. Esto supone para Andalucía declarar bajo esta figura de protección una superficie que suma 3.107.924 hectáreas, casi el 36% del terrano de la comunidad, y que implica sobre los totales de España un 19,6%. Jesús Pinilla, director de la delegación de SEO en Andalucía, insiste en la necesidad de ampliar las zonas ZEPA y, sobre todo, "proteger de forma más intensa las ya declaradas". La organización reclama así a Medio Ambiente una docena de nuevas áreas y ampliar la superficie de cinco de las ya protegidas, a lo que añade que no ve interés en el Ejecutivo autonómico por tomar esta difícil decisión, sobre todo después del rechazo que se ha ganado en la provincia de Córdoba la ZEPA del Alto Guadiato, una de las últimas en ser reconocidas, junto a la de la Campiña de Sevilla.

SEO reconoce que estas dos últimas han permitido mejorar la protección de las aves esteparias, especialmente la de la avutarda, en pelígro crítico de extinción. Sin embargo, esta asociación científica y conservacionista añade que hay que trabajar en otras zonas para garantizar las poblaciones en Andalucía de especies amenazadas como la cigüeña negra, el cernícalo primilla, la grulla común, el sisón común, el águila perdicera o la alondra ricotí. La organización entiende, por tanto, que la Junta no puede considerar cumplida la Directiva Ave con la tramitación de las últimas dos ZEPAS que han supuesto incluir casi 70.000 nuevas hectáreas sobre esta figura de protección.

La Consejería de Medio Ambiente ha preferido no opinar sobre la oportunidad de extender la red ZEPA. Aun así, la polémica suscitada por la del Alto Guadiato llevó recientemente este asunto al Parlamento autonómico. En la Comisión de Medio Ambiente, la consejera Cinta Castillo defendió el pasado 17 de septiembre que la declaración de las zonas de especial protección no debe interpretarse por los ciudadanos como una figura de protección severa, ya que es compatibles con la actividad agrícola, la ganadería, la caza o el aprovechamiento forestal. "Un espacio protegido se convierte en una fuente de riqueza, en una fuente de progreso y de empleo", expuso Castillo ante los diputados.

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