Tres veces

En tres instancias distintas una decena de magistrados han concluido lo mismo: hubo prevaricación y malversación en el caso de los ERE

José Antonio Griñán y Manyel Chaves.

José Antonio Griñán y Manyel Chaves.

LA condena a los ex altos cargos políticos de la Junta de Andalucía por el escándalo de los ERE es firme. No cabe recurso en la jurisdicción Penal. La Sala II del Tribunal Supremo, aunque dividida, ha fallado que los hechos juzgados en Sevilla son constitutivos de los delitos de prevaricación y malversación y ha ratificado las penas impuestas hace tres años casi en su totalidad. Sólo a uno de los acusados, Juan Márquez, se le rebaja, al apreciarse una atenuante analógica muy cualificada de reparación del daño. El resto tendrá que cumplir las mismas penas que ya les impuso la Audiencia Provincial de Sevilla.

Aún no conocemos los fundamentos jurídicos que llevan a tres de los cinco magistrados a considerar que ambos delitos se cometieron y que los 19 acusados son culpables de prevaricación, de malversación o de ambas figuras delictivas, pero no deben estar muy lejos de los que la sentencia en Primera Instancia ya fijó.

Tampoco hay que ser un experto penalista para comprender lo esencial del caso: la Junta de Andalucía creó un procedimiento ad hoc para conceder ayudas a empresas en crisis que permitía transferencias de financiación desde la Consejería de Innovación a la de Empleo y evitaba los necesarios controles de la disposición de los fondos públicos. No hay ninguna duda de que se malversó dinero público: hubo intrusos en algunos expedientes de regulación que recibieron pagos sin corresponderles y parte del dinero se usó para sufragar copas y drogas, por citar los más evidentes y sangrantes.

Porque lo fundamental en este caso es que por tres veces –en la fase de instrucción, en el juicio oral y en el recurso de casación– la Justicia, interpretada por distintos magistrados ha concluido lo mismo: que se cometieron los citados delitos y que las personas que los pusieron en marcha ese mecanismo son responsables de que hubiese un fraude que la propia sentencia cifraba en 680 millones de euros. Tres veces en tres instancias y con la participación de una decena de magistrados que intervinieron en las distintas fases del proceso penal.

Por eso resulta obsceno que desde el poder Ejecutivo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, diga que “pagan justos por pecadores”. Conozco y traté por motivos profesionales a varios de los condenados. Y no comparto que se hagan distingos entre ellos porque dos sean ex presidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y no se lucraran personalmente. Tampoco otros y nadie dice nada. Máxime cuando sí hubo un claro beneficio para todos: permanecer en el poder mediante la creación de una red clientelar. Y si lo que Sánchez considera es que debe evitar el ingreso en prisión, que aplique la ley de indultos y asuma el coste político que supondría.

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