Los socialistas contabilizan 650 comparecencias parlamentarias de los dirigentes de Junta desde que saltase el escándalo de los ERE fraudulentos a principios de 2011 (sin especificar cuántas fueron a petición propia) y, de éstas, más de 400 desde que se formase el Gobierno en coalición con IU, formación que se arroga la revelación de la transparencia en un Ejecutivo gobernado los últimos 30 años por el PSOE.

La última de estas comparecencias se produjo ayer en la primera sesión plenaria desde las vacaciones de verano, periodo estival que tuvo la novedad más destacada en la elevación del caso al Tribunal Supremo por parte de la juez de instrucción Mercedes Alaya para que decida sobre la decena de aforados señalados en la causa, entre ellos los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán. La presencia de los ex presidentes motivó el interés del PP, contestada a rastras por el consejero de Economía, José Sánchez Maldonado, y que sirvió a la diputada de IU Alba Doblas para atizar al PP y sus políticas y pasar de puntillas por el caso de corrupción.

El interés del PP para estrenar el curso con su principal argumento de oposición se diluyó ante la ausencia de la presidenta, Susana Díaz, en tránsito hacia su viaje oficial a Marruecos. La diputada Dolores López Gabarro recriminó la "autoexoneración" de la presidenta para dar explicaciones y su ausencia en la Cámara desde el 26 de junio, para criticar que "en lugar de ser implacable con la corrupción, está siendo impecable en el silencio de las complicidades políticas" que, en su opinión, ha llevado "a los amigos de la élite socialista metidos en la trama" a propiciar un agujero en las arcas públicas de 855 millones de euros, según la estimación de la juez.

El consejero de Economía se sacudió las críticas y, en la línea que impera en la Cámara de escasas explicaciones y profusas acusaciones entre los partidos políticos, se ufanó ante el PP de que "en la cárcel no hay ningún miembro del PSOE, ni tampoco condenado", para recordar en cambio que sí están en prisión o están a punto de hacerlo el ex presidente de Baleares, Jaume Matas; el ex presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y el ex tesorero nacional del PP Luis Bárcenas.

Maldonado reclamó "extremada prudencia" en las acusaciones, pidió respeto a la Justicia con reproches a su falta de diligencia, y envío consuelo ante el "calvario" de los ex consejeros aforados que se han pasado un año preimputados, justo desde la toma de posesión de Díaz, y que ahora podrán declarar en el Supremo si así lo estiman.

La defensa de los socialistas a sus compañeros llegó al extremo de que el diputado José Juan Díaz Trillo aseguró que "la gran mayoría" de los 227 imputados hasta el momento "son personas honestas, responsables y comprometidas que han hecho un servicio a esta comunidad y que ahora tienen su trayectoria profesional marcada".