Los consulados británicos de Málaga y Alicante contarán a partir de abril con un funcionario que se dedicará a informar y prevenir a los ciudadanos de Reino Unido sobre las diversas cuestiones que puedan afectarles, fundamentalmente en asuntos urbanísticos, según anunció ayer el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías.

Zarrías, junto al consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, se reunió en el Consulado Británico de Málaga con el ministro británico para Europa, Chris Bryant, y el embajador del Reino Unido en España, Giles Paxman.

El secretario de Estado informó de que hace unos meses mantuvo varias reuniones con representantes británicos con el objetivo de poner en marcha procedimientos de colaboración y cooperación entre ambos países, ya que un millón de ciudadanos del Reino Unido viven en España.

El acuerdo será efectivo, según dijo, en el plazo de un mes, y permitirá que un funcionario esté presente en el Consulado de Málaga y otro en el de Alicante para que los ciudadanos británicos puedan conocer y tener información acerca de cuestiones urbanísticas, sanitarias o de bienestar social, entre otras.

"Pretendemos hacer una labor informativa con carácter preventivo para que no se produzcan problemas puesto que una vez esté la maquinaria judicial es más complicado buscar soluciones", manifestó, refiriéndose a la situación de ocho familias británicas que viven en el municipio almeriense de Albox y que están afectadas por órdenes judiciales de derribo de sus viviendas.

El ministro británico para Europa, cuestionado por la seguridad jurídica de España, apuntó que si las viviendas "caen por cuestiones legales eso no ayuda", de ahí, continuó, la importancia de esta medida. "Es mejor buscar una solución antes de que llegue al juez y a pesar de que, en el caso de Albox utilizaron abogados, todavía están amenazados (por las sentencias de demolición) y eso a muchos ingleses les parece injusto", declaró.

Tanto Zarrías como Espadas subrayaron que la seguridad jurídica en España es "total y absoluta". "Los británicos saben que aquí funciona el Estado de Derecho, sentenció Zarrías.