La reforma de la ley de costas que amnistía a 125.000 viviendas en toda España -en Andalucía en las provincias de Huelva y Málaga- dentro de la Zona de Servidumbre de Protección (adyacente al dominio público), y que contiene la llamada cláusula anti Algarrobico, entró ayer en vigor. Dicha cláusula permite al Estado tutelar a las administraciones locales que vulneren la ley, haciendo posible suspender de forma automática las licencias urbanísticas que atenten contra la protección del litoral.

La ley tomó cuerpo en medio del enfrentamiento entre populares y socialistas, con una visión contrapuesta de la norma que debe velar por el litoral. Aunque el Ministerio de Medio Ambiente matiza que esta ley "en ningún caso" supondrá que se vaya a permitir construir donde antes no se podía, el PSOE ya ha anunciado que la recurrirá en el Tribunal Constitucional por considerarla un texto que propicia una "privatización en toda regla" del Dominio Público Marítimo Terrestre. En esta zona se autorizarán las obras para mejoras y modernización "siempre que no impliquen un incremento ni en altura ni en volumen" de la edificación.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, ya subrayó que cerca de 150.000 empleos directos y unos 2.000 millones de euros relacionados con la actividad económica de la costa dependían de esta nueva norma, que "trata de introducir sentido común en el litoral".

Según los datos del Gobierno, de las 40.000 ocupaciones actuales que se encuentran en Dominio Público Marítimo Terrestre (ribera del mar y de las playas), casi un 90% se encuentra en una situación irregular. Para el Ejecutivo esta normativa aporta soluciones a más de 500.000 ciudadanos que se vieron afectados por la anterior normativa de 1988. El PP agregó que "la nueva ley de Costas arregla los desaguisados causados por la norma socialista de 1988".