La remodelación del Gobierno de la Junta –también ajuste, retoque o reforma, como la han llamado los distintos miembros del Ejecutivo que se han referido a ella– está atascada por la falta de avances en la negociación que mantienen PP y Ciudadanos. En el lado popular, con el presidente Juanma Moreno a la cabeza, se resisten a una ampliación que resulte muy sonora. En el lado naranja insisten en que “no hay que tener complejos” si aumentando el número de miembros el gabinete y sus segundos niveles se solucionan los problemas que ha generado la estructura acordada a principios de 2018, cuando se fraguó el primer Gobierno andaluz ajeno al PSOE en la historia autonómica de la comunidad.

Las posturas, tanto en público como en privado, están en el mismo punto que hace dos semanas, cuando el vicepresidente Juan Marín dio cuerpo a la posibilidad de cambiar la organización del Ejecutivo antes del parón estival. Ese plazo finaliza el próximo martes, cuando el Consejo de Gobierno se reúne por última vez antes de las vacaciones. En el PP ven complicado que la situación se desbloquee en los próximos días y en el entorno de Marín tampoco descartan ya que los cambios se retrasen hasta el 27 de agosto, cuando está prevista la primera reunión del próximo curso político.

La intención inicial de PP y Ciudadanos era comenzar septiembre con los cambios ya en marcha, pero la modificación del decreto de estructura del Gobierno es compleja. Hay consenso en que algunas áreas que se moverán de consejería para mejorar su gestión. Políticas migratorias, ahora bajo control de Juan Marín en su enorme departamento, podría viajar a la consejería de Elías Bendodo, que tiene las competencias de Interior. Tampoco sería raro que Justicia también realizase ese viaje hacia el control del PP, pero hay muchas incógnitas sobre qué áreas están en la mesa de negociación. Fuentes cercanas a la Presidencia de la Junta hablaron en su momento de la situación de los fondos europeos, ahora en la Consejería de Economía de Rogelio Velasco, aunque el departamento de Hacienda, del popular Juan Bravo, también tienen poder de decisión en la gestión del dinero que llega de Bruselas.

El control de los fondos de la UE adquiere ahora una importancia mayor si se tiene en cuenta que gran parte de los 140.000 millones de euros del fondo europeo de reconstrucción tras la pandemia vendrán a Andalucía. La gestión de los fondos de la UE podría llegar incluso a ser moneda de cambio en la negociación entre populares y naranjas, pero el equipo de Velasco ya trabaja incluso en cómo podrá gestionarse ese dinero en los próximos años y perder esas competencias sería un duro golpe para el economista, que está como independiente en el Gobierno, pero forma parte de la cuota naranja.

El líder andaluz de Ciudadanos realizó una propuesta de remodelación –conocida en la dirección nacional del partido–, pero no todos sus consejeros coinciden con él. Algunos no tenían información sobre la misma cuando Marín hizo público su interés por reformar el Ejecutivo. Y en el grupo parlamentario que dirige Sergio Romero tampoco hay consenso en torno a las propuestas del vicepresidente, aunque algunos miembros, como la malagueña Teresa Pardo han sonado como posibles consejeros en las quinielas en caso de que el vicepresidente lograse la ampliación del número de departamentos.

Lo que parece claro es que habrá refuerzos en la estructura periférica, que sufre doblemente las consecuencias de la concentración de consejerías que se aprobó en enero de 2019. “Hay delegados provinciales de los que dependen 19 jefes de servicio”, apuntan fuentes del Ejecutivo. Como ejemplo destaca el caso de los responsables territoriales de Educación, que también tienen las competencias de Políticas Sociales, dos de los pilares del Estado del bienestar gestionados por las comunidades autónomas.

Desde el entorno de Ciudadanos admiten ya sin remilgos que la reducción de consejerías fueron un “error”. Sobre todo si se tiene en cuenta que el ahorro se queda en 17 millones de euros en un presupuesto autonómico con más de 38.000 millones. “Nos pasamos de rosca”, insisten estas fuentes, que fían cualquier remodelación a una mejora de la eficacia en la gestión, pero reconocen que ahora es complicado dar marcha atrás a un recorte del cual se presumió sobremanera en los primeros compases de este Gobierno del cambio.

Sobre los debates relacionados con la remodelación del Gobierno andaluz planea siempre su coste económico y la mala imagen que podría provocar. Juan Marín ha dicho ya en más de una ocasión que será a “coste cero”, pero hay dudas sobre cómo puede hacerse. Fuentes cercanas al vicepresidente apuntan a la elección de funcionarios como altos cargos que puedan descongestionar los departamentos más atascados, lo que reduciría mucho el aumento del gasto.

Los portavoces parlamentarios de PP y Cs, José Antonio Nieto y Sergio Romero, apostaron ayer por que cualquier cambio vaya aparejado al menor gasto adicional. De fondo hay otro debate, aunque nadie lo ha abierto por ahora, el de los sueldos de los altos cargos de la Junta, mucho menores que los que se cobran en otras administraciones regionales o estatales. Cuando se conformaba el Ejecutivo hubo problemas para fichar a perfiles que para trabajar en la Junta tenían que renunciar a gran parte de sus ingresos en el sector privado.