Los jueces decanos de toda España reunidos desde el pasado lunes en Cádiz para abordar asuntos de actualidad de la Administración de Justicia optaron ayer, finalmente, por solidarizarse con el juez Rafael Tirado de una forma no expresa. En un comunicado, los jueces se pronunciaron en contra de las injerencias de políticos en las facultades disciplinarias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y criticaron, sin nombrarla, a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. Pero la nota quedó bien lejos de expresar la solidaridad con Tirado que el pasado lunes reclamaban varios de los jueces asistentes. En un debate al término de una ponencia, alguno llegó a referirse a Rafael Tirado como un compañero "crucificado por los medios de comunicación".

Rafael Tirado ha sido multado con 1.500 euros por la comisión disciplinaria del CGPJ como responsable del retraso en la ejecución de una condena de prisión al pederasta acusado de matar a la niña Mari Luz. Fernández de la Vega dijo en una entrevista publicada el pasado domingo en El País que le parecía gravísimo que la sanción pudiese quedarse en una multa y que esperaba que prosperase el recurso presentado por la Fiscalía, que reclama tres años de suspensión.

El comunicado de los decanos muestra su "rotundo rechazo a las constantes injerencias de los responsables políticos en las facultades disciplinarias que competen exclusivamente al CGPJ" y entiende "intolerable" que haya indicaciones sobre la sanción concreta que debería imponerse. "Confiamos en que el CGPJ esté a la altura de las circunstancias como máximo garante de la independencia judicial", señala la nota. "Por ello", agrega, "queremos dejar constancia de que las críticas vertidas pretenden, básicamente, ocultar las responsabilidades del poder político en la secular carencia de medios personales y materiales para aforntar la abrumadora carga de trabajo que soportan los juzgados".

La idea de hacer un comunicado sobre el expediente al juez Tirado la planteó durante su ponenencia el juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, quien propuso un pronunciamiento crítico con la sanción al magistrado y también con la impuesta a la secretaria del Juzgado, suspendida de empleo y sueldo por dos años. Otros dos jueces se sumaron a una referencia expresa. Finalmente, se impuso el criterio de uno de los decanos, que manifestó que "si hacemos un pronunciamiento directo sobre este asunto, nos ponemos a la altura de la vicepresidenta".