La intención de la Junta de Andalucía de sacar la máxima rentabilidad económica a los 24 parques naturales andaluces sigue despertando los recelos de las organizaciones conservacionistas y del Defensor del Pueblo andaluz, a pesar de que la Administración insiste por activa y por pasiva en que el decreto aprobado por el Consejo de Gobierno a principios de febrero mantiene la protección sobre estos espacios. Tras dos años de debate y hasta cuatro borradores, la polémica pareció cerrada tras las aclaraciones al texto por parte de los servicios jurídicos de la Junta y el posterior dictamen favorable del Consejo Consultivo. Pero los ecologistas y la institución que dirige José Chamizo no digieren el decreto y sospechan de que, bajo la intención de impulsar la actividad económica en los 238 municipios con territorio en parque natural, la normativa ofrece a los alcaldes una herramienta para saltarse las constrictivas leyes de protección medioambiental.

Siete colectivos ecologistas interpusieron ayer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en el que solicitaron la suspensión cautelar del decreto. Se trata de Amigos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, Salvemos Mojácar, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Cóndor, Salvemos Macenas y Rakis, que consideran que el decreto desprotege los parques naturales y favorece la legalización del hotel del Algarrobico, que lleva cinco años paralizado por orden judicial, informaron en un comunicado.

Además, estos colectivos mantienen su intención de presentar una querella contra el consejero andaluz de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, por posible prevaricación en la aprobación de esta norma, apuntó a Efe el portavoz de Salvemos Mojácar, Jaime del Val. Estos colectivos ecologistas consideraron que el consejero "ha "engañado a la opinión pública sobre este decreto", porque, al contrario de lo que ha defendido, introduce elementos de "desprotección" para los 24 parques naturales andaluces y favorece los proyectos urbanísticos en estos espacios. Estas asociaciones afirmaron que el decreto establece la declaración de "utilidad pública de todo tipo de proyectos -hoteles, campos de golf, equipamientos turísticos- en terrenos hoy protegidos", y además da prevalencia a los nuevos Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) sobre los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG).

Además, advierten que la disposición final número 14 faculta al consejero "para adecuar las previsiones urbanísticas relativas a parámetros de edificación y características constructivas, contenidas en las normas generales de los PORN y los PRUG de los distintos parques naturales, a las modificaciones de la planificación urbanística". "Incluso a modificar los límites de los parques naturales por razones como los avances tecnológicos o científicos que tengan incidencia directa sobre los criterios que dieron lugar al establecimiento del límite, así como por el resultado de los procesos de deslinde del dominio público o límites administrativos territoriales, cuando éstos hayan sido utilizados para definir los límites del espacio", añadieron.

Por su parte, el Defensor del Pueblo andaluz publicará este caso en el informe anual de la institución como última medida tras entender que no han sido atendidas sus recomendaciones. El Defensor consideró en septiembre "inapropiado" el decreto si las normas urbanísticas de cada municipio prevalecían sobre los PORN, al contrario de lo que dicta la normativa básica estatal. El Defensor mantiene sus dudas, "a pesar de la mejora del texto", de que se puedan modular las normativas reguladoras de los parques a voluntad de lo que se establezca en los nuevos PGOU que aprueben los municipios.