El joven que denunció al sacerdote Román M. V. C., de Granada, por supuestos abusos sexuales en el conocido como caso Romanones, del que el sacerdote salió absuelto, ha recurrido ante el Tribunal Supremo la sentencia para que las costas del procedimiento, que le fueron impuestas, sean declaradas de oficio. De hecho, el único motivo que se esgrime en este recurso de casación formalizado ante la Sala Segunda del Supremo es relativo a la imposición de las costas procesales al joven -al que se dio durante todo el proceso el nombre ficticio de Daniel- que ejercía la acusación particular en el proceso y no ve justificada la medida.

La Audiencia de Granada lo justificó en "la falta de convicción" en su testimonio y en "su conducta desleal", al tiempo que le reprochó haber dado lugar a "un proceso excepcional, llevándose a cabo diligencias nada común en asuntos de similar naturaleza, aumentando injustificadamente su volumen, con resultado nulo".

Para el tribunal provincial, se había "exigido un sobreesfuerzo por lo complejo de la actividad instructora, su carácter secreto y lo largo y engorroso del plenario, obligando a los órganos de investigación y enjuiciamiento a prestar una dedicación desproporcionada" al caso.

En el recurso se explica que estas circunstancias "nada tienen que ver con la mala fe o temeridad" del joven y se argumenta que su actuación no ha originado en el proceso "ningún gravamen innecesario" ni "ningún exceso de diligencias de investigación o prueba" que le haga merecedor del pago de las costas procesales de la defensa.