La entrada en vigor de la Ley de Dependencia a principios de 2007 generó inquietudes en los posibles beneficiarios por los retrasos en la aplicación. Micaela Navarro, consejera para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta, pidió "paciencia" en diversas ocasiones ante el desarrollo de una ley "ambiciosa" que consolida el considerado cuarto pilar del Estado de Bienestar. Sin embargo, las críticas sobre la escasa implantación de la norma y los retrasos en la valoración de los dependientes no se dejaron esperar.

Casi año y medio después de que el sistema se haya puesto en marcha, la gestión de las peticiones para acogerse a la Ley de Dependencia arroja la conclusión de que Andalucía ha acometido el 40% de las valoraciones realizadas en España, más de 90.000. Cataluña es la segunda, con el 13%, y la tercera Castilla-La Mancha, con el 7%. Madrid tiene el 4% de las valoraciones y la Comunidad Valenciana el 3%. Así lo reflejan los datos oficiales del Ministerio de Trabajo e Inmigración a los que ha tenido acceso esta redacción. La Junta ha valorado el 76,6% de las solicitudes que ha recibido. Otras comunidades han realizado todas las valoraciones, como el País Vasco (100%) o se quedan cerca del total (Cantabria, 90,2%, o Madrid, 88,12%).

Hasta junio del pasado año, cuando la Junta aprobó una orden reguladora de la ley, no comenzaron a valorarse las solicitudes de los familiares con dependientes a su cargo en Andalucía y, en octubre, estas familias comenzaron a percibir las ayudas. Siete meses después, Navarro asegura que la situación "se ha normalizado". "No es lo mismo 100.000 solicitudes, al principio, que ahora", expuso recientemente en una entrevista la consejera que acaba de estrenar su segunda legislatura al frente del departamento de Igualdad y Bienestar Social.

Los retrasos ya están corregidos, recalcó Navarro, y el esfuerzo de la Junta se centrará en reducir los tiempos de espera. La ley marca que entre la solicitud del dependiente hasta que éste reciba la prestación no pasen más de seis meses y la Administración andaluza pretende acortarlos a cuatro.

Pero, ¿cómo está la situación en el resto de comunidades? Si se realiza una lectura en términos cuantitativos, Andalucía ha recibido el 35% de las solicitudes registradas en España, 118.847 sobre 337.139 en todo el territorio nacional. Sólo en tres comunidades se aglutinan el 55% de las solicitudes: junto a Andalucía, Cataluña (10%) y Galicia (10%). Otras autonomías como Madrid (3,1%) o la Comunidad Valenciana (3%) sólo contabilizan unas 10.000 solicitudes cada una, unos porcentajes inferiores a sus pesos poblacionales en el conjunto de España. En Madrid reside el 13 % de la población y en la Comunidad Valenciana el 11%, mientras Andalucía tiene un peso poblacional de un 17,8%.

En términos absolutos, las seis comunidades que siguen a Andalucía en cuanto al número de valoraciones realizadas no alcanzan las 90.000 visitas que han realizado los técnicos de la Junta, en el ranking le siguen Cataluña (28.722), Castilla-La Mancha (16.918), Aragón (12.421), Navarra (10.042), Galicia (9.445) y Madrid (9.333).

De las valoraciones realizadas por los trabajadores sociales andaluces se ha dictaminado 80.128, de las cuales 59.191 han sido considerados grandes dependientes y 8.266 dependientes severos. Durante 2007, sólo podían recibir las ayudas los primeros, mientras que este año se han incorporado los dependientes severos de nivel 2. El resto de los grados de dependencia se irán reconociendo gradualmente hasta 2015, cuando culmine el desarrollo de la norma.

Otros datos del Ministerio hacen referencia a los cuidadores no profesionales, los familiares que perciben una paga económica. De las ayudas concedidas, Andalucía, con 3.811 altas, tiene más del 62% del total de las 6.095 aprobadas en España. Las ocho provincias andaluzas se encuentran entre las nueve con mayor número de cuidadores, mientras Madrid no tiene registrado ninguno y Valencia siete. Las ayudas oscilan entre los 506,96 y los 328,36 euros al mes, más la cuota de 153,93 euros de la Seguridad Social.