La juez María Núñez Bolaños ha abierto una nueva pieza separada en la macrocausa de los ERE fraudulentos en la que figuran como investigadas seis personas, entre ellas el ex diputado del PSOE vasco Antonio Aso Martínez y el ex futbolista del Osasuna y del Atlético de Madrid José Antonio Gómez Romón, conocido popularmente como Pizo Gómez.

En un nuevo auto, que tiene fecha del día 7, la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha incoado unas nuevas diligencias previas relacionadas con las ayudas concedidas a las empresa Cenforpre, en las que aprecia delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, entre otros.

Esta nueva pieza está incluida en el plan piloto que la magistrada diseñó en noviembre pasado para acelerar la tramitación y enjuiciamiento de las seis primeras piezas de los ERE, que versan sobre el denominado "procedimiento específico" por el que se concedían las ayudas; las sobrecomisiones pagadas en las pólizas de prejubilaciones; así como las de las ayudas concedidas a las empresas Acyco, Surcolor-Surcolor Óptica, Cenforpre, y la que está integrada por las ayudas otorgadas al entramado de empresas de la Sierra Norte de Sevilla vinculadas a José María Sayago y José Enrique Rosendo, fallecido recientemente.

En el auto de la nueva pieza de Cenforpre, la instructora señala que los hechos que resultan de esta pieza "presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de prevaricación y malversación" que se atribuye inicialmente a seis personas. Además de Pizo Gómez y el ex diputado vasco Antonio Aso, en estas diligencias figuran como imputados Miguel Errecalde Treviño, el ex director gerente de Cenforpre, el ex directivo de Vitalia Antonio Albarracín, el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero y el ex consejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández García.

En el auto, la magistrada explica que los hechos investigados se relacionan con la suscripción de una póliza por Pizo Gómez, por mediación del que fuera su jefe en la empresa Cenforpre, y por las que percibiría "a sabiendas de que ningún derecho tenía a recibir tales rentas la suma de 491.424,43 euros", desde el 1 de septiembre de 2007 hasta el 31 de agosto de 2008, que se ingresaron en la cuenta corriente de la que es titular. De dichas pólizas fue tomador la consejería de Empleo, a través de la dirección general de Trabajo, y con el importe de tales rentas fue "abonando las cuotas de amortización de un préstamo que pidió en la Caja Rural de Navarra de 500.000 euros", precisa el auto dictado por la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños.