La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, cree que otros dos directores generales de Trabajo y Seguridad Social de la Junta avalaron el pago a los intrusos o falsos prejubilados a los que se abonaron pólizas vinculadas a los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) de empresas en crisis.

La instructora expuso ayer estos extremos con motivo de la declaración de otros dos intrusos de Camas imputados en la trama de los ERE. En el relato de imputación que la juez realizó a José Antonio Márquez Sánchez, concuñado del ex delegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, la instructora señala que en el ERE de la empresa Surcolor -por el que la Junta abonó 2.340.137,30 euros- "no existió indiciariamente la menor cobertura legal a dichos compromisos de pago" hasta la resolución de encomienda de ejecución de 21 de diciembre de 2009, que fue dictada por Juan Márquez Contreras, sucesor de Francisco Javier Guerrero Benítez en la dirección de Trabajo y Seguridad Social. A esta resolución, señala Alaya, siguieron otras en el mismo sentido de fechas 25 de febrero de 2010, 1 de septiembre de 2010 y 289 de octubre de 2010, de las cuales las dos últimas fueron firmadas por el actual director general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera Gómez, precisa la juez.

Todas estas resoluciones incluían en el número de trabajadores de la empresa Surcolor a los intrusos José Antonio Márquez Sánchez y Juan Manuel López Espadas, y según la juez es lo que da cobertura legal a los compromisos de pago. Hasta el dictado de estas resoluciones, lo único que existía es una "sucinta comunicación" del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero Benítez -principal imputado en la trama que reveló al existencia del que denominó "fondo de reptiles" para empresas en crisis- remitida el 28 de junio de 2006 a la aseguradora Apra Leven en la que mostraba su "conformidad para que se suscriba una póliza para 26 trabajadores de la empresa Surcolor, sabiendo, por indicación de la mediadora Vitalia, que 24 eran los trabajadores de dicha empresa y los dos restantes eran" los dos intrusos mencionados, sostiene la juez en la imputación que realiza a uno de los falsos prejubilados.

Los dos nuevos intrusos que comparecieron ayer en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla se acogieron a su derecho constitucional a no declarar, aunque ratificaron sus declaraciones iniciales ante la Policía, en la que reconocieron que no habían trabajado nunca para las empresas Surcolor e Intersur, en las que figuraban como prejubilados.

La juez imputó formalmente a José Antonio Márquez Sánchez, concuñado del ex delegado de Empleo en Sevilla, y a Ricardo Medina Barrios, delitos de tráfico de influencias y prevaricación, al igual que hizo la semana pasada con los tres primeros intrusos.

En cuanto a José Antonio Márquez Sánchez, la juez sospecha que, a principios de 2006, tuvo conocimiento de la concesión por parte de la Junta de ciertas ayudas a personas "vinculadas al PSOE", tras haberle comentado José Acevedo López -también concuñado de Antonio Rivas- que él mismo disfrutaba de tales ayudas desde noviembre de 2003, por lo que se puso en contacto con el entonces concejal del PSOE de Camas (Sevilla) José Antonio García Prieto, también imputado y quien según la juez es quien "organizaba la solicitud de tales ayudas" desde la localidad sevillana. José Antonio Márquez percibió -además del subsidio para mayores de 52 años- 6.380,65 euros en julio de 2006 y unos 1.300 euros de media mensuales hasta enero de 2010, cuando se jubiló, señala la juez.

El otro intruso que se acogió a su derecho a no declarar es el ex militante del PSOE de Camas Ricardo Medina Barrios, que fue empleado del Ayuntamiento hasta julio de 2003 y al que la acusación del PP quiso preguntar si fue el "chófer personal" de Antonio Rivas. La juez sostiene que este imputado y otros dos fueron "en comandita" a entregarle la documentación para solicitar las ayudas a Francisco Javier Guerrero, y añade que percibió, además del subsidio, 117.540,13 euros entre noviembre de 2003 y octubre de 2011.

Con estas dos nuevas declaraciones, la juez Mercedes Alaya ha cerrado el calendario de declaraciones de los intrusos hasta septiembre próximo, cuando comparecerán más falsos prejubilados que se beneficiaron de los pagos.