La comisión parlamentaria que investigó el fraude de los ERE se cerró sin acuerdo y la que hace lo propio con la gestión de las ayudas de formación profesional para el empleo va camino de repetir el último capítulo de su predecesora. El calendario establece que, tras presentar sus enmiendas antes del 27 de febrero, los partidos deben acordar un dictamen conjunto en la reunión del 6 de marzo y, si todo sigue como hasta ahora, cada uno hará la guerra por su cuenta.

Atendiendo a las posiciones anunciadas hasta ahora por los cinco grupos de la Cámara, no habrá una mayoría suficiente en el Pleno para que salga adelante un texto de consenso. Hay tres bloques más o menos diferenciados. Por un lado está el PSOE, que aspira a que la comisión deje en negro sobre blanco que no hubo fraude en la gestión de las subvenciones para la formación y defiende la honorabilidad de los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. En el otro extremo está el bloque formado por PP, Podemos e IU que, con distinta virulencia, quieren que Susana Díaz se sume a la lista de responsables políticos por la dilación en la reactivación de los cursos, entre otros motivos. A medio camino se queda Ciudadanos, que quiere buscar el consenso en torno a un pacto de mínimos a partir de un hecho que contenta a toda la oposición: poner en el punto de mira a Chaves y Griñán y al resto de altos cargos que ostentaron las competencias en formación para el empleo entre 2002 y mayo de 2012.

Juan Marín bajó ayer a la arena para echar un capote a su compañero de filas Julio Díaz, presidente de la comisión. "Si el dictamen tiene críticas de todos los grupos es un buen dictamen", dijo el jefe regional de la formación naranja para después rechazar las críticas por las similitudes entre las conclusiones de Ciudadanos y el texto final. "No es nuestro documento. Lo ha hecho Julio Díaz porque lo tenía que hacer un diputado. No iba a hacerlo Cristiano Ronaldo", añadió Marín, quien cargó contra el resto de partidos por su labor en la comisión, pese a que se mostró optimista respecto a la posibilidad de buscar un consenso antes del 6 de marzo.

"Que haya dictamen y no se cierre en falso", dijo el portavoz de Ciudadanos. Y en IU quieren justo lo mismo. Su coordinador general, Antonio Maíllo, insistió en que "el Parlamento tiene que dictaminar" y valoró positivamente la presencia en el documento inicial de los ex mandatarios Chaves y Griñán. Sin embargo, insistió en la necesidad de extender la responsabilidad a la presidenta de la Junta. El líder izquierdista cree que Susana Díaz acertó al parar los cursos de formación, pero considera "negligente" la tardanza en su reactivación, pese a que "podía hacerse en no más de seis meses".

El PP también aboga por la entrada de Díaz en un texto que sólo la menciona en el apartado de comparecientes. La parlamentaria popular Teresa Ruiz-Sillero se mostró muy dura con la redacción del presidente de la comisión, a quien acusó de valerse de "una ambigüedad calculada" para poner en marcha una "estrategia en beneficio del PSOE y de Susana Díaz en particular".

Para la portavoz de empleo del PP andaluz, la jefa del Ejecutivo debe ser señalada por "obstaculizar la investigación" y su compañero en la comisión de la formación, Miguel Ángel Torrico, se encargó de señalar que en el periodo en el que se produjeron las irregularidades, Díaz formaba parte del Gabinete de Griñán y ostentaba ya un alto cargo en el PSOE andaluz.

Ruiz-Sillero también echó en falta en un texto "con 90 páginas de paja" la constatación de que existió "un fraude" demostrado por los "hechos tozudos". Concretamente, la parlamentaria popular criticó que el documento no incluya la dimisión de Rafael Velasco como vicesecretario general del PSOE andaluz ni "los mariscos, whiskys y las comilonas", entre otros asuntos.

Al otro lado del espectro ideológico comparten las tesis del PP. La parlamentaria de Podemos Esperanza Gómez aseguró que las conclusiones del dictamen "ponen en evidencia que Ciudadanos mantiene el cortafuegos de Susana Díaz", a quien también considera responsable de los problemas de gestión de las políticas activas de empleo por la paralización de los cursos. Según Gómez, el dictamen registrado el lunes por el presidente de la comisión era "previsible" desde que "el PSOE decidió" darle el puesto a Julio Díaz, miembro de un partido "que no descarta entrar en el Ejecutivo andaluz en cualquier momento".