El juicio por la herencia de Luisa Isabel Álvarez de Toledo, duquesa de Medina Sidonia, comenzó ayer en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Sanlúcar con las declaraciones de su viuda, Liliane Dahlmann, presidenta de la Fundación Casa Medina Sidonia, y su primogénito, Leoncio Alonso González de Gregorio. Dahlmann declaró durante más de tres horas en un interrogatorio que permitió conocer ciertos detalles de los "26 años de convivencia" que arrancaron cuando la historiadora alemana llegó a Sanlúcar de Barrameda en 1983.

Dahlmann justificó las operaciones de compraventa de dos parcelas en Atlanterra (Zahara de los Atunes; Cádiz) -en una de las cuales acordaron construir una "casa de playa"- y explicó determinados movimientos de sus cuentas bancarias y las que compartía como cotitular con la duquesa, precisando, entre otras cosas, destinados a la ejecución de obras de restauración en el Palacio Ducal. Aseguró que ya por entonces "llevaba la contabilidad" del inmueble y de la aristócrata.

Además, Dahlmann admitió que recibía directamente de la duquesa, no de la Fundación, un sueldo mensual por su labor como "conservadora" del archivo, que comenzó siendo de 90.000 pesetas, luego pasó a 200.000 euros y más recientemente a 2.500 euros, pero sin estar dada de alta en la Seguridad Social ni tributar a Hacienda. "No era una trabajadora más" de la plantilla, reveló Dahlmann, que abundó en que no tenía "una relación laboral" con Luisa Isabel Álvarez de Toledo. "Yo empleaba esa retribución en obras, personal y demás. Lo hacía porque habíamos formadouna vida en común, más allá de la relación laboral", dijo poco antes de indicar que los tres hijos conocían el trabajo que desempeñaba en el palacio, "un edificio que estaba en ruina, que necesitaba una restauración y pusimos en orden".

Si bien en 1977, la duquesa inició gestiones para crear la Fundación, no fue hasta 1990 cuando se constituyó. "Siempre buscó promover una institución o una fundación para darle un fin público, social y cultural al archivo", declaró Dahlmann. El objetivo de la duquesa era "proteger" el patrimonio existente, que contaba con protección oficial del Estado y la Junta de Andalucía, ante la posibilidad de que sus hijos lo vendieran, explicó Dahlmann.

Por su parte, el duque de Medina Sidonia, Leoncio Alonso González de Gregorio y Álvarez de Toledo, defendió como "una obligación moral" reclamar como su herencia los fondos que su madre donó a la Fundación Casa Medina-Sidonia y que han conservado por siglos 27 generaciones de su familia. "Es una ruptura antropológica", afirmó el duque en el juicio. El duque dijo que la constitución de la fundación fue "una reacción" de su madre ante los pleitos que le habían planteado sus dos hermanos por otras cuestiones hereditarias.

González de Gregorio contó que como vocal del patronato nunca mostró su disconformidad con la donación de los bienes a la fundación porque era "la libre voluntad" de su madre y de haberlo hecho ella "hubiera montado en cólera". En 2003 dimitió cuando se dio cuenta de que su posición era "totalmente instrumental, haciendo de pantalla para disimular que los herederos estaban de acuerdo con una situación inaceptable", cansado del "trato vejatorio" que le daba la pareja de su madre y cuando comprobó que el patrimonio de su madre "se estaba esfumando".