Siete días de huelga, más de 4.000 toneladas de basura acumulada en las calles y sin visos de acuerdo con el comité de la empresa mixta de limpieza Limasa han sido suficientes para que el Ayuntamiento de Málaga haya decidido finalmente contratar a los servicios de una empresa privada para retirar los residuos que se acumulan en las calles. Se trata de una recogida selectiva en zonas que presentaban ya problemas de seguridad para los ciudadanos.

Fue la respuesta municipal a la decisión de los trabajadores de la empresa, tomada el lunes por la noche en una asamblea, de rechazar un acuerdo y seguir adelante con el paro indefinido. El alcalde, Francisco de la Torre (PP), lo anunció ayer por la mañana a los periodistas y apenas unas horas más tarde, y mediante la firma de un decreto urgente, se hacía efectiva la medida por recomendación de los informes emitidos por Bomberos y la Policía Local dado el peligro de incendio y riesgo para las personas y viviendas cercanas a estos puntos de basura acumulados tras una semana de huelga.

En la calle Álamos, donde la basura ya había hecho impracticable una de las aceras y llegaba incluso a la calzada, una veintena de policías locales y nacionales protegían en torno a las seis de la tarde al camión y los tres operarios contratados para retirar la montaña de residuos mientras un grupo de trabajadores de Limasa los increpaba al grito de "esquiroles no pasarán" y "no tenéis vergüenza, nos estáis robando".

La decisión no sentó nada bien en el seno del comité de empresa que ayer por la tarde se reunió de urgencia para estudiar acciones judiciales por considerar que se está vulnerando el derecho constitucional a la huelga de los trabajadores. De hecho, los sindicatos anunciaron que presentarán una demanda ante el juzgado de guardia y la Inspección de Trabajo y advirtió al Ayuntamiento que "será responsable de los incidentes que puedan surgir", ante lo que considera "una grave irresponsabilidad y una provocación hacia los trabajadores de Limasa".

El regidor malagueño confió en que esta situación no enquiste aún más el conflicto y aseguró que "los trabajadores saben que tenemos la obligación de hacerlo" en aquellos sitios donde exista riesgo de incendio cerca de viviendas o la basura impida el paso a personas y vehículos. "El derecho a la huelga es incuestionable", dijo De la Torre, pero advirtió que "tiene un límite en el derecho de los ciudadanos a la seguridad y a la salud". En ese sentido, quiso dejar claro que "nuestro trabajo es defender los intereses de más de 570.000 malagueños y no satisfacer únicamente las aspiraciones de los 1.500 trabajadores de Limasa, que son respetables, pero particulares". Máxime, cuando considera que "los ciudadanos piensan que la ciudad está siendo chantajeada".

La acumulación de basura aún no ha provocado problemas de salubridad como para tener que intervenir de urgencia, aunque para el alcalde la Junta debería "anticiparse ya por responsabilidad porque esa situación llegará si no aumenta los servicios mínimos fijados", que criticó que siguen sin cumplirse y que está agravando el amontonamiento de residuos.