El objeto principal de la nueva ley de régimen local en Andalucía son los ayuntamientos. Los municipios. Sobre esta figura jurídica y política versará buena parte de los textos legislativos que salgan, tras el correspondiente proceso de tramitación, de la Cámara andaluza. Sin embargo, no será la única institución cuyas competencias habrá que regular. También estarán las Mancomunidades, los consorcios y las diputaciones.

A pesar de que el borrador que ayer tenían redactado los grupos políticos que forman parte del grupo parlamentario de trabajo sobre Administración local no incluía referencia alguna a lo que ocurrirá a medio plazo con las corporaciones provinciales en el nuevo escenario institucional que fijarán las leyes locales, los textos previos discutidos en el seno de este foro sí incluyen ya algún avance o idea aproximada de lo que ocurrirá con estos entes locales.

De entrada, ninguno de los tres grupos políticos tiene en mente la disolución o reforma de las corporaciones provinciales. Más bien al contrario: lo que se pretende, sobre todo desde el prisma del PSOE, es dotar de una misión efectiva a estas entidades heredadas del antiguo organigrama institucional previo a la democracia -y sobre las que se construyó la autonomía- para que puedan perdurar en el tiempo, ser útiles y efectivas. En especial en el caso del PSOE, se concibe a las diputaciones como "gobiernos instrumentales" cuyas funciones consistan -siempre en relación a los municipios- en "dar apoyo y asistencia" a los ayuntamientos, ser el foro donde se desarrollen los acuerdos de "colaboración intermunicipales" y, sobre todo, estar encargadas de la planificación global y de los programas generales que los consistorios necesiten. En todo caso, al menos desde los planteamientos iniciales del PSOE, todas sus competencias serían "restrictivas" en relación a los ayuntamientos. "Su legitimidad", dice el texto de los socialistas, "sería de segundo grado".

Sobre las funciones que desarrollarán los municipios, los diputados encargados de discutir en el grupo de trabajo no han llegado a un acuerdo cerrado. Simplemente han acordado que en la redacción de los corpus legislativos se diferencia, al igual que ya se hizo en su día en el Estatuto, sobre las competencias "propias", las "transferidas" y las "delegadas". El acuerdo entre IU y PSOE defiende que haya un "blindaje" de competencias municipales para que no se produzcan supuestos de invasión entre instituciones. IU estaba empeñada -cosa que ha conseguido- en que el dictamen del grupo de trabajo reconociera una realidad: hay muchos municipios que asumen competencias autonómicas que no les corresponden sin contar con los recursos suficientes. Situación que, justamente, debe corregir el nuevo marco municipal que aprobará el Parlamento andaluz. Aunque también se deja abierta la puerta a que los consistorios sean "descubridores de competencias" en sus propios municipios.