La empresa de Dos Hermanas (Sevilla) Aceitunas y Conservas (Acyco) alertó al bufete Garrigues, que intervino en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de 2003, de la inclusión de dos personas ajenas a la sociedad, el ex alcalde del PSOE de San Nicolás del Puerto Domingo Martínez Castillo, ya fallecido, y del vecino del Pedroso Andrés Carrasco Muñoz, que regentaba un kiosco de churros y que ya ha prestado declaración ante la juez Mercedes Alaya. El despacho de abogados avisó a su vez a la aseguradora Vitalia, pero esta irregularidad no se solventó y el pago a estos dos intrusos se tramitó junto al resto de empleados.

La situación ha sido relatada en su declaración como testigo ante la Guardia Civil de Gabriel Barrero, el que fuera director de Recursos Humanos de la empresa Acyco hasta julio pasado. Este testigo reconoció en su declaración, a la que ha tenido acceso este periódico, que se encargó de la organización administrativa del expediente desde su inicio, en el que intervino el bufete Garrigues. El que fuera director de Recursos Humanos aseguró a la Guardia Civil que se percató de la inclusión de los dos intrusos el 20 de octubre de 2003, tras la firma en la sede de la Dirección General de Trabajo de la Junta del protocolo de colaboración relacionado con el ERE. Gabriel Barrero dijo que fue al salir de la oficina del entonces director de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero, cuando se "percató de que en el estudio actuarial anexado al protocolo elaborado por Vitalia aparecían dos personas que no conocía", al tiempo de que "no aparecía" en el mismo la entonces presidenta de Acyco Encarnación Poto Monge, una militante del PSOE y del sindicato UGT que ya ha declarado como imputada ante la Guardia Civil.

El testigo afirmó que esa misma tarde se puso en contacto con el bufete Garrigues y le remitió un fax, en el que de su puño y letra marcó a los dos intrusos, señalando que estas dos personas "no son Acyco", como puede apreciarse en el fax que se reproduce junto a esta información. El ex responsable de Recursos Humanos explicó a los investigadores que en el momento de la firma del protocolo "no revisaron" la documentación, sino que esta labor se hizo posteriormente. Según ha podido confirmar este periódico, el fax de Acyco fue remitido por Garrigues a la intermediaria Vitalia, informándole de la incidencia transmitida por la empresa, pero Vitalia nunca contestó al bufete, que no intervino en la elaboración del protocolo ni en la firma del mismo. Sin embargo, el testigo aseguró que este bufete intervino "en todo el proceso de tramitación del expediente, desde su inicio, es decir, negociación, tramitación, redacción de documentos que consta en el expediente tramitado, hasta su finalización".

El ERE de Acyco dio lugar a dos pólizas distintas, la de los dos intrusos y la del resto de trabajadores, con tomadores incluso diferentes: en los dos primeros es el propio broker Vitalia quien figura como tomador, y en la que afecta a los trabajadores es la "asociación 3 de julio" la tomadora de la póliza suscrita con Personal Life.

El testigo señaló que los siete socios más representativos de Acyco adelantó el primer pago de 210.000 euros correspondiente a esta póliza, a través de siete pólizas bancarias de 30.000 euros cada uno, cantidad que fue ingresada a través de la "asociación 3 de julio".

La póliza fijaba un coste de la prima de 104.885,01 euros en el caso del ex alcalde de San Nicolás del Puerto Domingo Martínez Castillo y de 120.201,83 en el de Andrés Carrasco Muñoz.