Preocupados por lo urgente, igual se ha desatendido lo importante. Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía, se ha tirado tantos meses preocupada por la falta de un Gobierno en España y por la actitud de su partido ante el bloque institucional que sufría este país que, quizás, desatendió lo importante: el Ejecutivo de Andalucía. De tanto hacer política nacional, apenas se ha hecho política regional, por eso llevamos una legislatura con un Gobierno andaluz que ha seguido gestionando los presupuestos, pero que se ha olvidado de hacer política desde el Consejo de Gobierno.

El Ejecutivo de Susana Díaz está lleno de gestores, pero está muy falto de políticos, de ahí que su liderazgo sea tan determinante. Por eso, a pesar de su empeño en sostener lo contrario, es una evidencia que si la presidenta de la Junta dedica parte de sus esfuerzos a otros menesteres, su Gobierno se resiente por la falta de capacidad política de sus integrantes. Y eso ha ocurrido en Andalucía, donde a la gestión del PSOE se le están abriendo las costuras en dos de sus pilares básicos: la sanidad y la educación.

La Junta destinará el próximo año a la sanidad andaluza por encima de 9.300 millones, 500 millones más que en el actual ejercicio, lo que representa un 6,3% del PIB frente al 5% de media de otras comunidades autónomas. La sanidad, sin embargo, se ha convertido en un quebradero de cabeza para el Ejecutivo regional, con manifestaciones multitudinarias de protesta en Granada y convocatorias contra los recortes que se están gestando en Huelva y Málaga. En la mayoría de los casos al hilo de procesos de unificación en la gestión de los hospitales que nadie de la Consejería de Salud ha sabido nunca explicar y que se han realizado en contra de los propios profesionales, con fusiones incluso anuladas por el TSJA como lo realizada en Huelva.

Si la gestión de estas fusiones ha sido un error de bulto, la respuesta posterior ha sido escasa o poco apropiada, sobre todo cuando se termina admitiendo que se dará marcha atrás. No se puede despachar estas demandas culpando al PP de estar detrás de estas movilizaciones. Ya quisiera el PP en Andalucía tener la capacidad de sacar a la calle a tantos ciudadanos para protestar por la situación sanitaria. De momento, al PP lo único que se le ha ocurrido en este conflicto es poner un número de Whatsapp para recoger las quejas de los usuarios. Y luego, claro, intentar sacar partido de un estado de opinión generalizado sobre el deterioro de la calidad asistencial, que es lo que haría cualquier partido político ante una debilidad del Gobierno que tiene enfrente.

Que la sanidad andaluza, aun siendo de las mejores de España, se ha deteriorado tras siete años de crisis económica y recortes presupuestarios es una obviedad. El error es no tener la capacidad de explicar las medidas que se toman para paliar la situación y las actuaciones que se acometerán en un futuro, cansados como están muchos ciudadanos de tantos incumplimientos en materia de nuevas infraestructuras sanitarias. Se construyen centros y se tarda años en ponerse en marcha, como ha ocurrido en Ronda y con el Hospital del Guadalhorce.

El otro pilar donde están saltando también los pespuntes es el educativo, después del inicio de un curso marcado por las quejas por la reducción de profesores interinos. El nuevo frente son las universidades. Por primera vez, los rectores de los diez centros andaluces han sacado un comunicado conjunto para expresar su inquietud por los presupuestos de 2017, donde apenas figura un incremento del 1,06% para estas entidades. Los representantes de las universidades, que reclaman la liquidación por parte de la Junta de la enorme deuda que tiene con estas instituciones académicas, advierten que en los últimos siete años ha descendido en un 10% el presupuesto destinado a investigación, lo que está incidiendo negativamente en la calidad educativa que prestan a los alrededor de 250.000 estudiantes que se están formando en sus centros.

Limitar las partidas de investigación en una comunidad que hace seis meses anunciaba a bombo y platillo una Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PADI) hasta el horizonte de 2020, atribuyéndole una movilización de 16.700 millones de euros entre inversiones privadas y públicas, es otro sonoro error de bulto.

Hace apenas una semana, la presidenta de la Junta acudió a la inauguración de un centro de atención primaria en La Mojonera (Almería) donde reconoció que en los últimos siete años de "crisis económica" se habían aparcado proyectos de salud y educación, por lo que había que hacer ahora un "esfuerzo enorme" en ambas materias. Unos días después repetía inauguración, fue en Íllora (Granada) donde volvió a pedir disculpas a los granadinos -lo había hecho antes en el Parlamento andaluz- por la situación sanitaria en esta provincia.

En ambos casos, Susana Díaz decidía coger el timón para enderezar la imagen de la sanidad andaluza, después de que las movilizaciones en Granada encendieran las alarmas en el Gobierno que preside. Con esta actitud, la presidenta ha intentado poner un punto de sentido común a otro error de bulto de su propia Consejería de Salud: no reconocer el deterioro de este servicio y el malestar de unos profesiones que han aguantado sobre sus espaldas el peso de los recortes. En política no sólo hay que saber gestionar, hay que dedicarse también a explicar cómo se gestiona. Y hay que preocuparse por lo urgente, pero todavía más por lo importante. Díaz ha estado tan ocupado en su partido -lo urgente- que se desocupó de su gestión -lo importante-. Claro que quizás para ella eso era lo importante. Mi abuela lo hubiera explicado mucho mejor que yo con una única frase: no se puede estar en misa y repicando.