La ex interventora general de la Junta de Andalucía Rocío Marcos aseguró ayer al juez Álvaro Martín, que investiga la piezas separada por el denominado "procedimiento específico" por el que se concedían las ayudas de los ERE, que las transferencias de financiación "no son ilegales". Rocío Marcos compareció en calidad de testigo por espacio de varias horas ante el magistrado y en su intervención sorprendió que la ex interventora haya negado su participación en la elaboración de un informe entregado en 2012 a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se avalaba precisamente el sistema de las transferencias de financiación para el pago de las subvenciones porque contaba con el "máximo respaldo legal e institucional" y era conocido por todos los agentes que intervienen en el proceso presupuestario, desde el Gobierno, pasando por el Parlamento y la Cámara de Cuentas.

El informe fue presentado por el interventor delegado de la Consejería de Empleo Juan Luque Alfonso -uno de los 51 investigados en la pieza del procedimiento específico- cuando prestó declaración ante los agentes de la UCO y según afirmó entonces fue redactado por él mismo así como por el interventor adjunto fiscal, Luis Hinojosa, y los ex interventores generales de la Junta Manuel Gómez Martínez -también investigado- y Rocío Marcos Ortiz, con la finalidad de disponer de un "marco teórico" para los interventores y las personas a las que pudiera interesar en el marco de la causa de los ERE. Sin embargo, Rocío Marcos afirmó ayer ante el instructor que no ha participado en dicho informe, si bien señaló que las transferencias de financiación "no son ilegales" y añadió que se trata de un concepto "contable, no jurídico", aunque algunas de las partes presentes en su declaración destacado que ha realizado una declaración "muy técnica" y no acaban por concretar si ha dicho que se hizo una utilización adecuada o no del sistema.

El informe, supuestamente elaborado por los cuatro interventores, subraya la "escasa regulación jurídica" de las transferencias y concluye que los supuestos en los que la Intervención General, en el ejercicio de sus funciones de control financiero o de auditoría, ha valorado como inadecuado el empleo de las transferencias de financiación son "numerosos y afectan a otras entidades instrumentales más, además del IFA/IDEA".