La advertencia de los jueces de Sevilla de que existe un "riesgo cierto" de que se repitan los errores cometidos en el caso de Santiago del Valle, el presunto asesino de Mari Luz, ante la sobrecarga de trabajo, la falta de personal cualificado y la tardanza en cubrir las bajas no es una reclamación que se haya presentado por sorpresa ante el escándalo político y judicial. Los jueces de la capital llevan denunciando desde hace mucho tiempo una situación que, en algunas jurisdicciones, está próxima al colapso por la falta de medios materiales y personales y la necesidad de crear nuevos órganos judiciales.

Estas carencias han sido reclamadas en, al menos, 14 ocasiones durante los últimos cinco años, a través de las juntas de jueces y de los decanatos de los juzgados y del colegio de abogados, que siempre han avalado las denuncias de la judicatura sobre la falta de recursos para hacer de la Justicia un servicio ágil.

A finales de 2003, los jueces de lo Penal de Sevilla reclamaron la creación de tres juzgados con dedicación exclusiva para la ejecución de las sentencias, pero estas peticiones no fueron satisfechas por el Ministerio de Justicia y la Consejería de Justicia, que tiene transferidas las competencias en esta materia desde 1997.

En otras ocasiones, los jueces de lo Penal han reclamado el aumento de las plantillas de funcionarios para tramitar las ejecutorias, que han seguido incrementándose como consecuencia de diversas reformas legales, como la que permite una rebaja de un tercio de la condena si la persona acusada de un delito -principalmente en casos de alcoholemias- muestra su conformidad con la pena en el mismo juzgado de guardia, con lo que evita la celebración del juicio. Esta reforma provocó un aumento considerable de las ejecutorias de sentencias, como por ejemplo las retiradas de permisos de conducir, que recaen en los juzgados penales.

Las juntas de jueces también han denunciado en los últimos años que la Consejería de Justicia no cubría de manera inmediata las bajas de enfermedad de los funcionarios, un aspecto en el que los sindicatos han apuntado que las bajas de menos de un mes de duración no se cubren generalmente por la Administración. Unida a estas críticas se da la circunstancia de que las plazas son cubiertas por personal que no tiene experiencia en la labor a desarrollar ni cualificación, lo que plantea nuevas dificultades.

Las carencias no afectan sólo a la jurisdicción penal, puesto que los jueces de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla han venido poniendo de manifiesto desde el año 2005 que están saturados de asuntos, lo que les ha llevado a señalar el inicio de juicios con una demora de dos años desde que el caso entra en el juzgado. El año 2006, últimos datos que hay disponibles, se cerró con 11.192 asuntos pendientes de tramitar en la jurisdicción Contenciosa, una situación que ha sido constatada incluso en las inspecciones realizadas por el CGPJ.

La Consejería de Justicia alega que en la última legislatura se crearon 13 juzgados frente a los seis que se crearon cuando el PP dirigía el Gobierno central.