El mandato de los diputados del Parlamento de Andalucía se ejerce en régimen de dedicación absoluta y es incompatible con el desempeño de cualquier otro puesto, profesión o actividad. La Ley Electoral andaluza, en su artículo 6.3, deja bien claro que los parlamentarios no pueden cobrar una doble retribución por el desempeño de otro empleo, bien por cuenta ajena o propia. Pero se admiten algunas compatibilidades que permiten que una treintena de los 109 diputados reciba extras.

La norma autonómica es mucho más estricta en este sentido que la que manda en las Cortes, donde tres cuartas partes de los diputados tienen ingresos adicionales que, en más del 85% de los casos, proceden de actividades en el sector privado. Este pluriempleo se autoriza en una votación que es secreta y a puerta cerrada, sin luz ni taquígrafos, algo cuestionado y que ha obligado esta semana al presidente del Congreso a buscar fórmulas para cambiar el sistema de incompatibilidades por otro menos opaco.

La ley andaluza es más transparente, quizás la que más de toda España después de que fuera reformada a mediados de la pasada legislatura. Un mes antes de las pasadas elecciones autonómicas, el Parlamento hizo público, colgando la información en su página web, las declaraciones de actividades, bienes e intereses de todos los candidatos que concurrían a los comicios, una obligación recogida en la Ley Electoral.

Esas declaraciones recogen que hay una veintena de diputados autonómicos que compatibilizan su cargo con el de concejal o alcalde y que cobran dietas por ir a los plenos o a las reuniones de empresas municipales. La inmensa mayoría son del PP, entre ellos, la alcaldesa de Fuengirola, Esperanza Oña; la de Adra, María Carmen Crespo; o el primer edil de Motril, Carlos Rojas.

También hay cinco parlamentarios que perciben indemnizaciones por ser miembros de los órganos de las cajas de ahorro. En este caso, esta actividad es compatible porque los diputados representan al Parlamento. Es el caso del popular Francisco Armijo, en Caja de Jaén; los socialistas Mario Jiménez y Verónica Pérez, en Cajasol; y los de Izquierda Unida José Antonio Castro, en Unicaja, y José Manuel Mariscal, en Cajasur.

La ley andaluza deja otro pequeño margen para que los diputados puedan cobrar una extra a fin de mes, pues hay algunas actividades que están autorizadas expresamente: conferencias y másters, actividad para la que se autorizó al socialista José Caballos el pasado octubre; o bien clases en la Universidad a tiempo parcial, caso del periodista del PSOE Miguel Ángel Vázquez, y el alcalde de La Mojonera, el popular José Cara, que también cobra dietas a cargo del ayuntamiento. La Cámara también autoriza la participación en tertulias y colaboraciones en medios académicos y de comunicación, actividad muy habitual entre los diputados nacionales, y que en Andalucía declara el popular Antonio Garrido Moraga y la socialista Pilar Navarro, que sólo cobra gastos de desplazamiento por ello. Ésta, al igual que su compañero de grupo Ángel Gallego, ingresa también pagos en concepto de derechos de autor por sus publicaciones científicas y literarias.

Los diputados que quieran mantener otra actividad remunerada o cobro de pensiones tienen una opción: renunciar a su retribución como diputado. Es el caso del alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, que eligió cobrar 97.000 euros al año a cuenta de su ayuntamiento. El popular cobra también como miembro del consejo de la Autoridad Portuaria y la Universidad de Huelva. Otras veces no es cuestión de dinero, por ello su compañero de partido Miguel Ángel Ruiz, uno de los más jóvenes de la Cámara, prefirió cambiar su salario de diputado por el de docente, inferior, y poder seguir ejerciendo en el colegio San Estanislao de Kostka de Málaga. Son dos casos autorizados y que no pierden el derecho a percibir dietas o gastos de desplazamiento por su condición de parlamentarios. La ley establece un sueldo idéntico mensual para todos los parlamentarios de 3.459,17 euros, según los últimos datos publicados, y prevé complementos que oscilan entre los 2.291,85 euros que cobra la presidenta a los 209,86 euros que cobran los secretarios de las comisiones, sin contar los gastos de desplazamiento y alojamiento.

La profesión de la mayoría de los parlamentarios, de una quinta parte, es la de docente, en distintos niveles y, aunque están en situación de servicios especiales tras sus nombramientos, ocho siguen cobrando los sexenios. La Cámara también puede autorizar a algún diputado que continúe con su actividad privada. La popular Carolina González participa y administra una sociedad de tasaciones, actividad autorizada porque no es remunerada, según ella misma declara, y hay tres agricultores sentados en los escaños: los socialistas Juan Antonio Cebrián, que cultiva 270 olivos en Adamuz, Manuel García Quero, que preside la Junta Central del Poniente almeriense, y José Muñoz, que participa de una empresa agrícola familiar. Como requisito, la ley prohíbe cualquier contrato entre las sociedades en las que participen los diputados y la Administración pública.

En todos los casos, los ingresos extras de los diputados son poco cuantiosos y, sobre todo transparentes, basta con consultar sus declaraciones registradas en la web del Parlamento andaluz.