La Fiscalía Superior de Andalucía ha destacado la repercusión de la pandemia en la prostitución, un impacto que además de hacer más vulnerables a las víctimas ha desplazado esta práctica a domicilios particulares.

La memoria del Ministerio Público correspondiente a 2021, hecha pública recientemente, ha calificado de innegable el impacto del coronavirus en la prostitución, especialmente al aumentar la vulnerabilidad de las víctimas.

Además, ha observado que las condiciones específicas de la crisis sanitaria y las actuaciones de las fuerzas policiales en los locales de alterne han provocado que la prostitución se esté desplazando de manera mayoritaria a domicilios particulares.

En este capítulo de la memoria dedicado a la trata de seres humanos, las fiscalías provinciales han destacado el riesgo de incomparecencia de las víctimas de este delito, en una amplia mayoría de las ocasiones mujeres extranjeras explotadas por hombres de su misma nacionalidad. La Fiscalía Superior también ha apuntado que el estado emocional de las víctimas influye "decisivamente" en su declaración en sede judicial, por lo que ha apostado por crear las mejores condiciones posibles para generar un ambiente de confianza.

Han incidido además en la necesidad de conceptuar los procedimientos penales para que el peso de la prueba no recaiga únicamente en el testimonio en sede judicial de la víctima, "cuyas limitaciones emocionales y el desinterés por la acción de la justicia" después de su liberación es "tan evidente como comprensible".

Fiscalías provinciales como la de Granada han puesto de manifiesto que la dificultad de aplicar los tipos penales de organización o grupo criminal y la coincidencia de requisitos con el de prostitución coactiva o abusiva, lo que en los supuestos de la explotación en un piso impiden una doble condena.

El Ministerio Fiscal ha abogado por limitar la investigación por blanqueo a casos de estructuras muy complejas a las de un burdel en un piso para centrarse en las que puedan generar beneficios que requieran cierta transformación y ocultación y que esa investigación la realicen unidades especializadas.

La memoria de la Fiscalía también ha apuntado que las víctimas, en especial en los casos de trata con fines de explotación sexual cuando se ha consumado la prostitución, necesitan una protección jurídica, pero también material a través de recursos personales.