Un total de 61 minutos ha dedicado el Parlamento andaluz en los últimos 20 años a la investigación sobre la financiación de los partidos políticos en la comisión específica creada a tal efecto. En dos décadas se han celebrado ocho reuniones y todas ellas fueron constitutivas o convocadas para la designación o modificación de sus miembros (en concreto, de las vicepresidencias), según las actas oficiales recopiladas por esta redacción. Por lo tanto, ni un acuerdo, iniciativa a debate o pregunta oral tuvo la suerte de prosperar en esta comisión, que los grupos parlamentarios pretenden "reactivar" a partir de mañana y que cuenta con el apoyo de PSOE y PP, tras la solicitud de IU.

La primera de las reuniones fue la más extensa, el 8 de junio de 1995, y duró 15 minutos. El origen de esta comisión, que es permanente en el Parlamento y por tanto tiene la obligación de constituirse en los 20 días siguientes a la sesión constitutiva de la Cámara, se encuentra en la comisión de investigación creada con este mismo nombre en septiembre de 1992. En su dictamen final, publicado el 20 de abril de 1993, se planteó la necesidad de que la misma siguiera funcionando hasta la terminación de la legislatura. Tras las elecciones de 1994, el Parlamento andaluz decidió incorporarla como comisión permanente y en su primera reunión ya intervino el actual vicepresidente de la Junta, Diego Valderas. No obstante, poco se detalla en los archivos del Parlamento sobre su contenido porque, por un error técnico, hubo un corte en la grabación y no fue posible la transcripción de la sesión constitutiva, salvo el desenlace final. Probablemente (es una especulación), esta incidencia aumentó la duración de la sesión.

Porque todas las demás reuniones convocadas duraron mucho menos (entre cuatro y diez minutos), hasta el punto de que la última, el pasado 26 de septiembre, comenzó a las 13:48 y concluyó a las 13:49. El único punto del día fue la sustitución de la vicepresidencia, asumida por IU, que pasó de Rosalía Martín al también diputado Manuel Baena.

Según comentó ayer a esta redacción la propia Martín, la sustitución se debió a una mera organización interna de los 12 diputados de la coalición de izquierdas, sin más. La diputada no pudo concretar en cambio si los diputados reciben una retribución salarial suplementaria por participar en este órgano permanente no legislativo (las restantes son la comisión de Estatuto de los Diputados, Gobierno Interior y Derechos Humanos, Discapacidad, Seguimiento y Control de la RTVA, y Asuntos Europeos), ya que IU destina parte de sus sueldos públicos a la organización, "y siempre cobramos lo mismo, con independencia de los cargos que ostentemos", añadió Rosalía Martín.

El régimen económico de los diputados no diferencia entre comisiones y establece que el presidente y los portavoces de las mismas percibirán 566,62 euros más al mes, los vicepresidentes 377,75 euros y los secretarios 188,87 euros, por lo que lo normal es que se cobren, pese a su inactividad. Estas cantidades se añaden a un salario mensual base de 3.133 euros, sin contar otras indemnizaciones y ayudas por residencia o transporte, que deja las retribuciones mínimas en 3.933 euros.

En esta legislatura la presidencia de la comisión de financiación de los partidos políticos la ostenta José Luis Sánchez Teruel, diputado por Almería y secretario general del PSOE en esta provincia. La secretaria es María del Carmen Pedemonte (PP) y los portavoces la también almeriense Adela Segura (PSOE), Rosalía Espinosa (PP) y Juan Manuel Sánchez Gordillo (IU), el polémico líder jornalero.

A finales de enero, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, con ocasión de la grave polémica por el caso Bárcenas en el PP, se mostró partidario de impulsar esta comisión para mayor transparencia hacia los ciudadanos.

Las conclusiones de la comisión de investigación finalizada en 1993 ya obligó a los diputados a presentar sus declaraciones (publicadas en internet a partir de 2005), y a los grupos a comunicar anualmente sus gastos. También se acordó elevar al Ministerio Fiscal las "presuntas irregularidades fiscales del PP y su grupo".