El nuevo decreto de escolarización en Andalucía provocará la primera huelga en la enseñanza pública del Gobierno de PP y Cs. La plataforma por la escuela pública -integrada por CCOO, CGT, UGT, Ustea, Codapa y el Frente de Estudiantes (FdE)- ha convocado para el miércoles 4 de marzo una jornada de paro en los centros educativos de la comunidad para protestar por la normativa que ha entrado en vigor este miércoles. 

Esta plataforma considera que las medidas establecidas en el referido decreto son "del todo inaceptables y de una gravedad extrema", al entender que "ahondan en la línea política de liberalización y privatización de los servicios públicos". 

Sus integrantes se muestran totalmente disconformes con el concepto de demanda social, según el cual se prima la libertad de elección de centro. Para la plataforma, "este criterio traerá un incremento de la segregación escolar, como ya ha sucedido en la Comunidad de Madrid". A ello suman otra amenaza: la supresión de unidades públicas. 

Por tal motivo, exigen a la Consejería de Educación y Deporte que en una época de descenso de la natalidad se apueste por mejorar la atención y los recursos de la escuela pública, con medidas como la bajada de la ratio. 

Sin consenso

También critica que este decreto no sea fruto del consenso con la comunidad educativa, algo que ha negado con rotundidad el departamento que dirige Javier Imbroda, que ha respondido a esta convocatoria. La Consejería de Educación asegura que el Consejo Escolar de Andalucía lo conforman 73 representantes de todos los sectores de la enseñanza. Abunda en que se han mantenido 350 reuniones con la comunidad educativa en un año y que más de 30 personas de todos los centros directivos de la consejería, el consejo de dirección en pleno, han visitado centros educativos y mantenido encuentros de trabajo con todos los sectores. 

"Este Gobierno es un firme defensor de la educación pública, y también de la libertad de las familias a elegir el proyecto educativo que mejor consideran para sus hijos", señalan desde Torretriana, donde afirman que "el decreto no supone ninguna revolución, sólo viene a establecer determinados ajustes en el procedimiento de admisión". 

La postura de la patronal

Por su parte, la patronal CECE Andalucía, que representa a 425 centros privados en la comunidad, considera que la nueva normativa sólo supone un "avance limitado" en las libertades y "con efectos prácticos reducidos a determinadas zonas". "La demanda social, una reivindicación histórica de nuestra organización, debe partir de la planificación que realice la Administración", refiere esta entidad, que, no obstante, aplaude otras novedades que incorpora el polémico decreto, como que las listas de espera se mantengan vigentes hasta el inicio de curso (aunque piden que lo estén también durante el primer trimestre) y la puntuación por la escolarización temprana en las guarderías autorizadas por la Junta. 

CECE considera que este decreto debe venir acompañado de "una política de atención de la demanda social en los conciertos educativos". Es decir, que se concierten más unidades, especialmente en zonas donde la demanda supere la oferta. "La libertad de elección no puede ser nunca una amenaza para ningún sector, debe ser un estímulo para mejorar y avanzar", defiende la patronal.