Andalucía

El juez imputa a 77 personas en el fraude de las entradas de la Alhambra

  • El quebranto económico por falsear el conteo de visitas es de más de siete millones de euros

60.000 folios, más de ocho años de instrucción, dos empresas y 77 personas imputadas y al menos cinco delitos distintos. Estas cifras resumen una de las causas más largas y complejas que ha habido en la historia reciente de los tribunales de Granada: el denominado caso Alhambra, consistente en la investigación de un presunto fraude en el control de accesos y venta de entradas al recinto monumental de la Alhambra y el Generalife.

La investigación, iniciada en agosto de 2005, llega a su fin y pasa a la fase de preparación del juicio oral. De indagar en las supuestas irregularidades que detectó en su día la Policía Autonómica y que conllevó la detención de varias personas, entre trabajadores del monumento nazarí, agentes de viajes y guías, se ha encargado el Juzgado de Instrucción número 6 de Granada, que dirige el magistrado Miguel Ángel del Arco.

En el auto, de 236 páginas, el instructor del caso establece que las diligencias evidencian que existen "motivos suficientes" para atribuir la perpetración de los delitos inicialmente contemplado a los imputados y personas jurídicas investigados.

Los posibles delitos que aprecia el instructor son los mismos que perfiló en su día el fiscal: de malversación de caudales públicos, de apropiación indebida; de falsedad en documento mercantil; de coacciones; sustracción de cosa propia a su utilidad cultural; y un delito de daños al Patrimonio Histórico Español.

Entre los 77 imputados hay 32 controladores del monumento; cinco trabajadores del BBVA; cinco guías; 17 expendedores del recinto; seis oficiales; un informático y un empleado del Patronato; dos responsables de la agencia Washington Irving; tres responsables y un guía de la agencia Daraxatour, y tres miembros de la Federación de Hostelería. A estos últimos, el juez les atribuye haber "incumplido" el convenio firmado con el Patronato, en virtud del que se cedía a la Federación la gestión diaria de 200 entradas, al haber "otorgado códigos a establecimientos no hoteleros".

Las dos empresas encausadas son las agencias de viajes Washington Irving y Daraxatour entre cuyos responsables está uno de los principales imputados Francisco C., el guía vinculado a Daraxatour. De la otra empresa, resaltan como encausados el hermano y la cuñada de éste, Pilar A., que se ofreció a colaborar con la investigación al destaparse la trama.

Las diligencias previas se iniciaron a raíz de un atestado de la Policía Nacional, en el que se indicaba que a través de la Dirección del Patronato de la Alhambra se había tenido conocimiento de "ciertas irregularidades" que se estaban produciendo en las visitas que los turistas giran al monumento. Esas prácticas sospechosas detectadas estaban organizadas y controladas, según concluyó la Policía, "por un determinado grupo de personas, integrado por guías turísticos que trabajan para algunas agencias de viajes, de una parte, y de otra por personal del Patronato de la Alhambra".

En cuanto al número de personas que habrían entrado al monumento al margen del procedimiento legal, el juez Del Arco calcula que fueron en torno a 150.000 en 2003 y 2004, y de 50.000 en 2005. La resolución refleja que desde el año 2000 el número de visitantes a la Alhambra comenzó a descender de forma significativa. Ese descenso en 2004 y en comparación con el año 2000 fue de 253.997 visitantes menos, "hecho este posiblemente debido a las prácticas irregulares referidas anteriormente", comenta el juez.

Uno de los informes periciales cifró el quebranto económico causado al Patronato en más de siete millones de euros.

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