El instructor preguntó a Chaves si se "sintió engañado" por Griñán

El instructor del Tribunal Supremo que investiga el caso de los ERE fraudulentos, el magistrado Alberto Jorge Barreiro, y la Fiscalía del Alto Tribunal han acabado asumiendo las tesis de Mercedes Alaya sobre el caso, a tenor de cómo han ido desarrollándose las declaraciones de los cinco aforados, sobre todo las de los ex presidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves. Una de las preguntas que el magistrado planteó a Chaves en su interrogatorio es si se "siente engañado" por su entonces consejero de Economía José Antonio Griñán o por la viceconsejera Carmen Martínez Aguayo, por no darle supuestamente traslado de los informes de la Intervención General de la Junta que alertaban de las irregularidades.

Chaves respondió que todo lo que se aprobaba en el Consejo de Gobierno se hacía con la convicción de que "era legal" y defendió que ni el consejero de Empleo ni el de Economía y Hacienda, "José Antonio Griñán o Magdalena Álvarez, o el anterior, Jaime Montaner, en ningún momento" le informaron de irregularidad alguna en el procedimiento de ejecución de las ayudas.

En otra de las preguntas, el magistrado llega a comentarle a Chaves que le causa "cierta extrañeza como juez" que el presidente de la Junta, con la "actividad política que tenía", no conociera el convenio marco por el que durante una década se concedieron las ayudas ni cómo se estaban otorgando.

En un momento dado, el magistrado reflexiona que la alegación de los ex presidente respecto a que no recibieron los informes de actuación del interventor "tampoco puede tener la relevancia que ustedes le dan" porque tanto en las memorias anuales como en los informes el interventor es "bastante claro y contundente en sus advertencias a pesar de lo que ustedes alegan aquí a presencia del juez instructor".

El interrogatorio de los fiscales del Supremo también despeja las dudas sobre la opinión del Ministerio Público, por cuanto interpeló a Chaves sobre cómo era posible que tres consejeros conocieran los informes de la Intervención y no se lo comunicaran "pese a las gravísimas irregularidades" detectadas.

El fiscal llega a afirmar que lo único que ve es "un descontrol absoluto. No se entera nadie de nada, esa es la verdadera realidad. El consejero de Hacienda nos dijo que no conocía los informes... la viceconsejera ni siquiera los ha leído... el consejero de Innovación tampoco entiende necesario remitir esos informes. No entiendo absolutamente nada", sentencia el fiscal, que añade que "en un funcionamiento normal una administración no puede ser sólo dependiente de que el interventor no ha hecho informe de actuación".

El fiscal dice, con respecto a los expedientes de las ayudas, que es "un eufemismo" llamarlos así porque "no tienen nada, es que a veces no hay ni ERE, ni concesión de nada. No hay condiciones, no se sabe ni siquiera cuáles son los trabajadores de cada empresa. Y se ha producido durante nueve o diez años sin que nadie advirtiera al presidente de la Junta de estas irregularidades, a parte del interventor, es que no lo termino de entender", se cuestiona.

Las mismas dudas se plantearon el juez y los fiscales en el interrogatorio del ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías, otro de los aforados que han sido imputados ante el Supremo. El magistrado también le realizó reproches respecto a que se hicieran acuerdos modelo para las ayudas. "Es como si yo tengo un problema concreto en un juzgado y en vez de adoptar una medida para solucionar el problema... lo que hago es soltar artículos y artículos de una norma y así los tres años seguidos. Ustedes repetían erre que erre, orden tras orden, acuerdo tras acuerdo. Se lo digo como se lo dije el otro día al señor Chaves", indicó al imputado el magistrado Alberto Jorge Barreiro.