Alrededor de una cuarta parte de las inversiones y gastos a los que hacen frente los ayuntamientos cada año responden a competencias que por ley no le corresponden, entre ellas, algunas vinculadas a promoción de vivienda, prestación de servicios sociales y a la seguridad ciudadana que en verdad deben ejercer las administraciones autonómica y estatal. Dichos servicios se han venido financiando hasta ahora a través de los presupuestos municipales y a costa de elevar el endeudamiento de los consistorios.

Sin embargo, la capacidad de gasto e inversión de los ayuntamientos andaluces en 2008 tropieza con los requisitos establecidos por el Gobierno central a finales de año pasado con el desarrollo reglamentario, a través de un decreto, de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, por la que el conjunto de administraciones deben someterse a un principio de equilibrio en sus cuentas.

La citada ley fue aprobada en 2001 por el Gobierno del PP siguiendo los criterios establecidos en la Unión Europea para el control del déficit público, pero no ha sido hasta la aprobación del citado decreto, el pasado 2 de noviembre, cuando las corporaciones locales se han visto directamente concernidas por su contenido. El límite de endeudamiento para los ayuntamientos venía definido hasta el momento por su volumen de ingresos, de tal manera que la deuda total nunca podía superar el 110% de esos ingresos. Ahora, en cambio, el límite es que los nuevos compromisos de pago no eleven la carga de las amortizaciones ya comprometidas.

La situación en los ayuntamientos andaluces es dispar, pero casi ninguno presenta un panorama financiero desahogado. Aquéllos que superen los citados límites de endeudamiento están obligados a presentar antes de final de mes un plan económico-financiero de estabilidad por cuyo cumplimiento velará la Junta de Andalucía. Algunos municipios ya lo han hecho y otros se les sumarán a la lista a la vista de la liquidación de los presupuestos municipales de 2007, también este mes.

El Ayuntamiento de Sevilla, que hasta hace poco presentaba un endeudamiento equivalente al 108 por ciento de sus ingresos, ha presupuestado para 2008 un incremento de sus inversiones de poco más del 2 por ciento respecto al año pasado para situarse en 283 millones de euros. Según un portavoz municipal, su deuda se sitúa en la actualidad en torno a 40 millones de euros.

Algunos alcaldes, como el de Málaga, Francisco de la Torre (PP), consideran que el problema financiero de los ayuntamientos debe escapar de la confrontación partidaria para que se abra un debate en el que todas las administraciones pongan buena voluntad y soluciones sobre la mesa.

Ayer, durante su participación en el Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa, celebrado en Málaga, De la Torre habló de la necesidad de transferir más competencias y financiación a las administraciones locales para "alcanzar el equilibrio y el progreso" en Andalucía, informa Europa Press. El alcalde malagueño hizo mención a un informe elaborado en 2002 por el citado órgano consultivo, que representa a más de 200.000 comunidades locales y regionales de 47 países, que sostiene que en España hay un proceso "muy fuerte y positivo" de descentralización autonómica, pero en el que se señala que no se ha producido el traspaso de competencias a nivel local.

En este sentido, De la Torre apuntó que algunas regiones europeas tienen un gasto por habitante de unos 2.000 euros, mientras que en España apenas se llega a los 1.000, por lo que "a la hora de competir" con otras ciudades de Europa "es evidente que los municipios españoles están en inferioridad de condiciones". España, añadió, ha pasado de ser un estado centralista "a tener 17 autonomías que tienen su centralismo" y, según el regidor malagueño, eso es "lo que hay que resolver".

En el mismo foro, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Getafe, Pedro Castro (PSOE), señaló que el proceso descentralizador experimentado en España ha sido "muy positivo", pero consideró que no se ha superado la segunda fase de ese proceso, centrada en la asimilación de competencias y funciones por parte de los ayuntamientos.

Castro abogó por la creación de un foro multilateral en el que representantes de las tres administraciones establezcan claramente las funciones y competencias de cada uno y hagan un reparto de los fondos presupuestarios proporcional a las necesidades que se deben cubrir.

En esta misma línea, el PSOE andaluz se ha marcado como reto de la VIII Legislatura autonómica abrir el proceso de descentralización desde la Junta a los ayuntamientos para desarrollar el contenido del nuevo Estatuto de Autonomía. Para ello habrán de aprobarse nuevas leyes para el traspaso de competencias a los municipios, para la regulación de las relaciones entre las administraciones autonómica y local y, la más espinosa de todas, para regular la participación de los ayuntamientos en los ingresos de la Junta.