Sean Connery no es un cualquiera en el Reino Unido. Sean Connery es sir. Sean Connery ha sido James Bond. Y ha sido, aunque ajado -crepuscular, que se dice- Robin Hood. Y también Jim Malone, el brazo derecho del intocable Elliot Ness hasta que un sicario de Al Capone lo cose a balazos. Y ahora un juez de Marbella (Málaga), Ricardo Puyol, lo investiga por su posible vinculación -y de su esposa- con el llamado caso Goldfinger, otra cuenta más en el rosario de corrupción inmobiliaria y urbanística que azota desde hace lustros la Costa del Sol.

Así que el Reino Unido sale en defensa de su viejo agente del MI6. Lo hace a través de su embajador en España, Giles Paxman, que remite una carta a Puyol con la que "sólo pretende facilitar la relación entre el actor y el juzgado". No lo ve así el juez, que tras la lectura de la carta de Paxman ha protestado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al considerar que está redactada en "tono intimidatorio". Para Puyol, la misiva del embajador británico es "un atentado a la independencia de un órgano judicial español". Concretamente del que él es el titular: el Juzgado de Instrucción Número 1 de Marbella, desde cuyas dependencias se investiga una operación inmobiliaria y la presunta participación en ella de sociedades que supuestamente estarían vinculadas al protagonista de Marnie la ladrona.

La carta de Paxman ya está en poder del CGPJ y del Ministerio de Asuntos Exteriores, que podrían pronunciarse en los próximos días sobre la pertinencia de que un embajador utilice la vía postal directa para hacer recomendaciones, sugerencias y hasta advertencias a un juez de otros país que investiga a un compatriota. Paxman hace, en realidad, de intermediario de Connery, que previamente cursó otra carta al embajador. Éste escribe a Puyol que "sir Sean ha manifestado que la mera revelación pública de estos supuestos procedimientos penales no sólo afecta a su imagen pública" sino que también le causa un grave perjucio financiero. Ello empuja al actor a anunciar demandas contra las "personas responsables".

Connery, en esa carta remitida al embajador, se muestra además airado con las informaciones aparecidas en los medios de comunicación que se han hecho eco de este asunto. El actor insiste una y otra vez en que no sabe nada de nada, que Goldfinger es sólo el título de una película que él protagonizó y que todo lo que se está publicando y emitiendo en España, "sugiriendo que se han iniciado procedimientos penales en un juzgado en los que él y su esposa han sido acusados de varios delitos", es desconocido para él.

"Hasta la fecha ni él [Connery] ni su esposa han recibido comunicación alguna de su juzgado ni de ninguna autoridad judicial, física o policial española, informándoles de que pueden haberse iniciado procedimientos en su contra", escribe Paxman al juez instructor. Por ello, el embajador traslada a Puyol la petición del actor: que "con el fin de asegurar que tanto él como su esposa puedan ejercer su derecho de defensa al máximo, le notifiquen inmediatamente la existencia de cualquier actuación que se haya realizado, que esté en curso o esté prevista". En este sentido, el embajador solicita al juez que le faciliten una copia completa del expediente relativo a los procedimientos, trasladándola a su residencia permanente en Nassau (Bahamas), "con una indicación de todos los hechos, cargos y delitos de los que se le acusan a él y a su esposa, junto con una copia de las pruebas en las que se basan estas acusaciones".

Lo que el juez Puyol interpreta como intimidación e injerencia, la embajada británica sólo ve afán de informarse por parte del actor. "No se ha intervenido de ningún otro modo", recalcaron fuentes de dicha Embajada.