Durante el primer semestre del año, los jueces de lo Penal de Sevilla enjuiciaron 550 casos de malos tratos, de los cuales el 54,72% acabaron con una sentencia absolutoria, lo que ocurrió con 301 acusados, y sólo en el 45,27% -249 casos- el fallo terminó en una condena, según reflejan las estadísticas de violencia de género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El porcentaje de absoluciones es aún mayor si se tienen en cuenta únicamente los últimos datos disponibles, que se refieren al segundo trimestre del año. Entre abril y junio pasado, fueron enjuiciadas 126 personas por malos tratos, de las cuales el 57,1% fueron absueltas (72 personas) y el 42,9%, condenadas, lo que ocurrió en 54 casos. En el primer trimestre, los 15 juzgados de lo Penal de Sevilla enjuiciaron a 424 hombres, con un porcentaje de condena del 45,9% (195 casos) y un 54% de absoluciones (229).

Las estadísticas del Poder Judicial no sólo reflejan que más de la mitad de los casos enjuiciados terminan en una absolución, sino que hay una cifra importante de mujeres que renuncian al proceso después de haber dado el paso de denunciar los malos tratos de su pareja. En el segundo trimestre del año se tramitaron en Sevilla 2.140 denuncias por malos tratos, lo que representa más de 23 denuncias al día. De las 2.140 denuncias, 194 fueron presentadas directamente por la víctima y 1.681 se derivan de los correspondientes atestados policiales -217 por intervención directa de la Policía y 1.461 con denuncia de la mujer-. Pero de esos 2.140 casos, en 308 la mujer decidió finalmente renunciar al proceso, no continuar las acciones contra el supuesto maltratador, lo que supone un 14,39% del total de denuncias recibidas.

Las estadísticas reflejan asimismo que de esas más de 2.000 denuncias, los jueces archivaron otras 736, el 34,39%. En 52 casos, el sobreseimiento fue libre -por no haber indicios racionales de que se cometiera el delito o porque los hechos denunciados no constituían ninguna infracción penal-, mientras que los 684 procedimientos restantes el archivo tiene carácter provisional, porque no quedó justificada la perpetración del delito. Sevilla ostenta el triste récord de ser la provincia andaluza en la que se denuncian más casos de violencia de género, seguida de Málaga, con 1.633 casos, y Cádiz, con 891. En el polo opuesto, las provincias con menos denuncias por maltrato son Jaén, con 339, y Córdoba, con 292.

Entre abril y junio pasado se investigaron en Sevilla 2.461 delitos relacionados con la violencia de género, de los cuales la mayor parte, 1.150 casos, se corresponden con delitos de lesiones y malos tratos del artículo 153 del Código Penal, que contemplan penas de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficios de la comunidad de treinta y uno a ochenta días. En otros 413 casos se trata de lesiones y malos tratos habituales, que el artículo 173 del Código Penal castiga con penas de seis meses a tres años. También se denunciaron 259 delitos contra la libertad, dos contra la libertad e indemnidad sexual, y cinco más contra la integridad moral. En el segundo trimestre del año también hubo 69 casos de lesiones y malos tratos del artículo 148 del Código Penal, que sanciona con penas de entre dos y cinco años de prisión a los maltratadores que hayan causado una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental y que haya requerido tratamiento médico o quirúrgico tras la primera asistencia facultativa.

Las estadísticas judiciales reflejan igualmente que entre marzo y junio se contabilizaron 98 casos de quebrantamiento de las medidas impuestas a los presuntos maltratadores, cuando incumplen por ejemplo la orden de alejamiento de la víctima. De la misma forma, se registraron otros 44 de quebrantamiento de la pena impuesta, cuando la persona que ya ha sido enjuiciada y condenada incumple alguno de los extremos de la sentencia.

Las estadísticas del Poder Judicial reflejan de lado un elevado porcentaje de absoluciones -el 54,7%-, una cifra importante de sobreseimientos -34,39%-, y un 14,39% de renuncias al procedimiento por parte de las mujeres. La combinación de estos tres factores ha llevado a algunas voces críticas con la ley integral contra la violencia de género, como las del juez de Familia Francisco Serrano -que ha sido condenado a dos años de inhabilitación por un delito de prevaricación-, a denunciar que hay "miles de mujeres que abusan" del sistema y a contabilizaron en un porcentaje mínimo los casos de verdadero maltrato.