Francisco C. R. es un joven granadino que estudia cuarto curso de Periodismo en Madrid. El pasado domingo 23 de diciembre, el joven fue operado de urgencia en el Hospital Fundación Jiménez Díaz de la capital española tras ser diagnosticado de apendicitis aguda. La intervención, que se llevó a cabo el mismo domingo, transcurrió sin problemas –no hubo que lamentar ninguna complicación quirúrgica, ni anestésica, según adelantó ayer El País–, sin embargo, dos días después entró en coma. Ahora, una jueza de Madrid ha rechazado la petición de la familia de que sea tratado con homeopatía y vitamina C.

Al día siguiente de la operación, a Francisco se le diagnosticó una mala situación neurológica. 24 horas después se le detectó un sufrimiento cerebral que acabó derivando en una ausencia de flujo cerebral compatible con una situación de muerte encefálica.

Tras ello, el miércoles, el padre del joven solicitó autorización judicial para tratarlo con homeopatía y vitamina C, un tratamiento en contra del criterio de los médicos del Fundación Jiménez Díaz, que finalmente la jueza, tras consultar al hospital y al experto del juzgado, ha rechazado al entenderse que el tratamiento homeopático tiene en todo caso carácter paliativo y no mejoraría la situación de paciente ni revertiría el coma en que se encuentra.

La magistrada argumenta su negativa en que ordenar ese tratamiento implicaría obligar al responsable médico a administrar un tratamiento distinto al establecido y “en principio no curativo”. Según expone la magistrada en su dictamen, “en nada demostraría que la situación del paciente pueda mejorar y que en nada demuestra en todo caso que el tratamiento que se ha venido haciendo en estos tres últimos días le haya perjudicado o haya empeorado su salud”.

Pese a ello, la jueza ha planteado a la familia la posibilidad de que ejerzan las acciones jurídicas que estimen oportunas si considera que hubo una actuación previa imprudente en la operación de apendicitis a la que se sometió este joven granadino el pasado domingo.

Pese a ello, el dictamen de la magistrada no es firme, por lo que la familia podrá interponer en el plazo de tres días un recurso de forma –ante la misma jueza–, o uno de apelación, que sería ante la Audiencia Provincial, en el plazo de cinco.