El juicio de los ERE

Barberá niega el "pacto criminal" y el papel de "tonto útil" del Parlamento

  • La defensa del ex viceconsejero de Empleo dice que las transferencias de financiación "ni eximen ni impedían la fiscalización" previa de las ayudas

Agustín Barberá y su abogado, Pedro Apalategui. Agustín Barberá y su abogado, Pedro Apalategui.

Agustín Barberá y su abogado, Pedro Apalategui.

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Ni hubo un "pacto criminal" entre los 21 ex altos cargos acusados ni el Parlamento andaluz jugó el papel de "tonto útil" que ignoraba el sistema para el pago de las ayudas durante una década. El abogado Pedro Apalategui, que defiende al ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, ha rechazado este lunes las tesis de la Fiscalía Anticorrupción en el juicio de los ERE respecto a que existió un concierto previo entre todos los acusados para permitir el uso indiscriminado de los fondos públicos por parte de la dirección general de Trabajo.

El letrado ha señalado que la teoría del "pactum criminal" entre todos los acusados está "huérfana de prueba" y ha recordado que el uso de las transferencias de financiación es el elemento clave de las acusaciones para incriminar a los ex altos cargos, pero la idea de que el uso de las transferencias impide la fiscalización previa "es simplemente incierta", puesto que si se ha omitido esa fiscalización habría que analizar el motivo en el órgano gestor de las ayudas -en referencia a la Consejería de Empleo-, pero la utilización de las transferencias "ni eximía ni impedía la fiscalización", ha precisado la defensa.

Apalategui ha reconocido que las transferencias son un mecanismo presupuestario que "dista mucho de ser claro", pero se trata de un instrumento que "no puede producir resultados contrarios a derecho", y así ha recordado que las sucesivas leyes de Presupuestos aprobadas por el Parlamento las incluyeron y las transferencias son simplemente un "mecanismo de aportación de fondos". El defensor se ha referido a las transferencias como un "virus maligno" que, sin embargo, no ha merecido más reproche de la Intervención de que su utilización era "inadecuada", por lo que es "imposible" sostener la ilegalidad de las transferencias. 

La defensa ha criticado que las acusaciones otorguen al Parlamento el papel de "tonto útil a las pérfidas intenciones del Gobierno andaluz", una argumentación que a su juicio "raya lo ridículo" porque habría que comprobar la capacidad de comprensión de los parlamentarios andaluces durante una década, y ha agregado que las transferencias "no permiten incumplimientos al órgano concedente ni pueden tener como finalidad el menoscabo de los fondos públicos".

Para el letrado, supone un "salto de magnitud", ya que no puede ampararse que, del hecho de que se haya constatado la "pobreza o ausencia del procedimiento" en la concesión de las ayudas, se pase a estimar que se produjo un menoscabo de fondos públicos.

El informe pericial, una prueba "inútil"

Apalategui se ha adherido a la impugnación que en su momento anunció la defensa de Gaspar Zarrías respecto a la consideración que el informe elaborado por los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) es una pericia jurídica que está vedada por la ley y, en este sentido, Apalategui ha dicho que se trata de una prueba "inútil" que en el caso de ser utilizada por el tribunal está incurriendo en un error de valerse de un informe en un materia competencia del propio tribunal, dada la "naturaleza jurídica" de la prueba.

Apalategui ha explicado que este extremo "no es una invención" de esta defensa, sino que el propio portavoz de los peritos de auxilio judicial, Ángel Turrión, reconoció cuando ratificó el informe en el juzgado de Instrucción que el objeto de a critica era examinar el procedimiento utilizado a través de las transferencias de financiación desde la perspectiva de la "legalidad", y a juicio del letrado deben "desterrarse" las opiniones vertidas por el perito en este juicio en cuanto a los "reproches legales" realizados a cada uno de los ex altos cargos acusados.

Así, ha dicho en cuanto a la supuesta oscuridad del sistema por el que se concedieron las ayudas que Turrión afirmó que del término "materialización" de las ayudas por parte de IDEA no podía entenderse que el IFA era quien pagaba las ayudas que otorgaba la Consejería de Empleo, lo que le ha llevado a preguntarse "si es el término o el perito el que es oscuro".

También ha denunciado el defensor, al igual que otras defensas que le han precedido, la "inconcreción absoluta" de los hechos que se le imputan a Agustín Barberá, que se enfrenta a una petición de ocho años de prisión y 30 años de inhabilitación por delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Por último, la defensa de Barberá ha criticado la "petición extravagante" que hizo la Fiscalía Anticorrupción cuando solicitó al tribunal en las cuestiones previas que concretara el objeto de este juicio, y ha considerado que el procedimiento específico está "desestructurado penalmente", tras su división en piezas separadas, y ha concluido que con esta estructura jurídica, basada en el uso ilegal de las transferencias y en el engaño al "tonto útil" del Parlamento durante diez años, "no se puede mantener la acusación".

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