Juicio de los ERE Vallejo rechaza que se pueda "prevaricar con luz y taquígrafos"

  • La defensa del ex consejero sostiene que si las ayudas hubieran sido fiscalizadas previamente podrían haber sido reparadas en su caso y "muchos dolores de cabeza se hubieran evitado"

El ex consejero Francisco Vallejo y su abogada, Encarnación Molino El ex consejero Francisco Vallejo y su abogada, Encarnación Molino

El ex consejero Francisco Vallejo y su abogada, Encarnación Molino

"¿Se prevaricaba con luz y taquígrafos?" en el caso de las ayudas de los ERE. Esta es la pregunta que ha lanzado al aire la abogada Encarnación Molino, que representa al ex consejero de Innovación Francisco Vallejo, para rechazar la tesis de la Fiscalía sobre la creación de un sistema totalmente opaco para la concesión de las ayudas de los ERE, dado que esta acusación es incompatible con el hecho de que, según la abogada, los convenios particulares eran vistos por "todo el mundo".

En su informe definitivo, la defensa de Vallejo -que se enfrenta a ocho años de prisión y 30 años de inhabilitación por delitos de prevaricación y malversación- también ha dicho que los miembros del Consejo Rector de la agencia IDEA, donde se aprobaban los convenios suscritos con la Consejería de Empleo para la materialización del pago de las ayudas, no podían hacer ningún análisis de legalidad de dichos convenios, puesto que estos venían avalados por la Consejería de Empleo y se debía entender que se correspondían con una actuación "válida, eficaz y ejecutiva" de este órgano, porque además la intervención delegada en IDEA revisó estos convenios y "no hizo ninguna advertencia", ha destacado.

En la etapa de Vallejo al frente de la Consejería de Innovación se recibieron 53 convenios particulares, pero la defensa ha explicado que la acusación pública comete un "error" porque Vallejo era presidente del IFA cuando se firmaron 17 convenios, y en dos de las sesiones del Consejo Rector no asistió, una de ellas en las que se aprobaron las ayudas a A Novo Comlink, y todos los convenios pasaron por el Consejo Rector, donde en todas las reuniones estaban los "garantes de la legalidad: el secretario general de la agencia y el jefe de los servicios jurídicos".

Encarnación Molino ha añadido que los convenios fueron sometidos a Control Financiero Permanente y por lo tanto "ninguna ilegalidad" puede encontrarse en los mismos, y ha apuntado que el IFA/IDEA no comprometía ningún gasto ni se vinculaba con terceros, sino que era la dirección general de Trabajo la que tiene esa vinculación con el gasto, porque el IFA/IDEA "no dispone de los fondos ni decide sobre los mismos" y es dicha dirección general la que tenía el "deber de someter a fiscalización previa" las ayudas.

Sobre las transferencias de financiación, ha dicho que no se puede afirmar que el Parlamento aprobara la partida 31L para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del IFA/IDEA, que no supiera lo que estaba aprobado o que fuera inducido a error, y ha sostenido que las transferencias eran "plenamente válidas y eficaces". El hecho de que fueran calificadas como inadecuadas por la Intervención, ha puntualizado, no equivale a una calificación de "ilegalidad, contraria a Derecho, fraudulenta o de arbitrariedad".

Las transferencias se venían "realizando tres años antes de la llegada de Vallejo" al IFA y según la letrada no generaron ningún "déficit presupuestario en la agencia IDEA", porque "tan sólo hubo un mero desfase y de forma temporal que no es revelador de una infracción penal ni de delito alguno" y de ese desfase no se puede extraer como conclusión que estemos ante "una conducta delictiva", ha agregado.

Las ayudas "no sólo podían sino que debían haber sido fiscalizadas", asevera la letrada Encarnación Molino

La abogada ha dicho asimismo que la obligación de la fiscalización previa de las ayudas en la Consejería de Empleo es "clara", al afirmar que "no sólo podían sino que las ayudas debían haber sido fiscalizadas" y así ha defendido que como era "un deber del gestor" de la Consejería de Empleo si se hubieran fiscalizado y reparado por la Intervención delegada en su caso, "muchas cosas y muchos dolores de cabeza se hubieran evitado", en alusión a la imputación de los ex altos cargos en este procedimiento.

De otro lado, la defensa de Vallejo ha insistido en los anteproyectos y proyectos de ley de Presupuestos "carecen de eficacia jurídica", porque es el Parlamento el que tiene capacidad para aprobarlos y puede hacerlo o no, y ha añadido que no tienen eficacia jurídica porque "no son resoluciones administrativas" a los efectos del delito de prevaricación.

Molino ha rechazado igualmente la tesis acusatoria y de los peritos respecto al posible engaño o inducción a error al Parlamento andaluz, y ha negado igualmente que se pueda hablar de "gastos ficticios o gastos falsos", porque lo que hacía el IFA era "pagar y no pagar ficticiamente, pagar de verdad, el pago era real", ha aseverado.

Por último, ha hecho hincapié en que el informe adicional del año 2003 de la Intervención General de la Junta no es un informe de actuación y, por tanto, "no puede producir los mismos efectos, no puede ser equivalente ni pedir que la Consejería de Innovación tuviera que reaccionar de la misma manera que si fuera un informe de actuación".

Molino ha acabado su informe asegurando que está "convencida de la inocencia" de Vallejo y confía "plenamente en su absolución", indicando que Vallejo ha sido un "servidor público" cuyo único designio en su actuación ha sido el "interés público".

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios