Todos los que conocemos y amamos Andalucía sabemos de la potencialidad de esta tierra extensa, rica en su diversidad, marcada por su historia y abierta al futuro. A pesar de ello, nuestra comunidad ha visto lastrado su desarrollo por una maraña de leyes urbanísticas que en vez de ayudar a poner en marcha proyectos e iniciativas sólo han servido para frenar las expectativas de crecimiento. En no pocas ocasiones, esa circunstancia ha provocado que empresas y emprendedores, hayan desistido de implantar su proyecto en nuestra tierra.

Por ello, uno de los primeros objetivos que se marcó el nuevo Gobierno andaluz para transformar Andalucía fue acabar con el caos de normas, hacer leyes más claras y sencillas y dar seguridad jurídica a los emprendedores.

El nuevo proyecto de Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) aprobado por el Consejo de Gobierno es un claro ejemplo de ello. Esta ley supone un cambio de modelo urbanístico no sólo a nivel de Andalucía sino de todo el Estado. Nos va a permitir pasar de un urbanismo rígido, encorsetado, a un urbanismo ágil, que se adecúe a las necesidades que reclaman en la actualidades nuestros pueblos y ciudades, un urbanismo que nos acerque a Europa.

La ley, que hemos redactado en tiempo récord, ha tenido una amplia participación y cuenta con el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía. Es una norma que clarifica las competencias entre la comunidad autónoma y los ayuntamientos, según lo consensuado con la FAMP y el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales.

Por ello, han sido muchos los ayuntamientos y agentes sociales que no han entendido el rechazo a su tramitación parlamentaria al aprobarse la enmienda a la totalidad presentada por Adelante Andalucía con los votos a favor del PSOE y la abstención de Vox. El frenazo que ello supone para el desarrollo de Andalucía ha levantado todo tipo de apoyos al texto y ha animado al Consejo de Gobierno a volver a presentar el proyecto de ley para su tramitación en el Parlamento en julio. Confiamos en que, ahora sí, a la vista del consenso existente en torno a la necesidad de una nueva ley del suelo y al hecho de que en su tramitación parlamentaria siempre puede mejorarse el texto, la Lista saldrá adelante, porque Andalucía lo demanda.

Es una ley clara y sencilla, fácil de entender y que, además, viene a simplificar trámites y a recortar plazos en la ejecución de proyectos. No se trata de desregularizar el urbanismo, ni de promover ese crecimiento desaforado del ladrillo que permitieron otras normas, sino de fomentar el desarrollo de proyectos viables para el crecimiento de nuestra economía, del empleo, y que den paso a la Andalucía del futuro.

Para ello la nueva norma agiliza los instrumentos de ordenación territorial y urbanística de tal forma que si hasta ahora se tarda, de media, entre ocho y diez años para aprobar un plan general, con la nueva ley este plazo se reducirá en gran medida gracias al nuevo procedimiento.

Con esta nueva ley Andalucía se convertirá en la primera comunidad autónoma en adaptar su normativa a la ley estatal en cuanto a clasificación de suelos. Desaparecen términos como los de suelo urbanizable o no urbanizable, o los de suelo consolidado o no consolidado. Ahora, sólo hay suelo rústico y suelo urbano, garantizando siempre su uso racional y compatible con la conservación de los recursos naturales.

Junto a ello, se crea un sistema de planeamiento con figuras como el Plan General de Ordenación Municipal y el Plan de Ordenación Municipal que van a permitir un urbanismo más flexible, que se adecuará a las necesidades de los municipios. Pero además, se crea la figura del plan básico de ordenación municipal para los municipios de menos de 10.000 habitantes que no estén en la costa ni en aglomeraciones urbanas. Queremos propiciar el desarrollo de nuestros municipios, de todos, de los grandes y pequeños, porque con ello, además de crear riqueza y empleo, estaremos luchando contra la despoblación, propiciando que los jóvenes se labren un futuro manteniendo vínculos con su tierra.

Y esto, tan demandado por ayuntamientos y emprendedores, se hará sin menoscabo alguno ni de la participación, ni de la seguridad jurídica, ni por supuesto de la sostenibilidad. Esta ley es muy clara al respecto: cualquier proyecto que se acometa deberá ser sostenible social, medioambiental y económicamente.

De hecho, la nueva norma además de incluir el decreto ley para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares, ratificado hace más de un año y con amplio consenso por el Parlamento; reforzar la inspección urbanística y dotar de mayor protección al litoral.

En definitiva, este proyecto de ley va a ser un instrumento para transformar nuestra tierra, para convertir a Andalucía en una región atractiva por su rico y diverso patrimonio natural y cultural, pero también para invertir y trabajar, para desarrollar proyectos que sean punteros en lo tecnológico y en lo medioambiental. Este proyecto de ley va a ser una pieza fundamental para la reactivación económica en estos momentos de crisis y para hacer realidad esa nueva Andalucía que soñamos todos.