El Gobierno andaluz está convencido de que una crisis como la provocada por la listeriosis sólo puede afrontarse con garantías si las autoridades sanitarias autonómicas extienden su control a ámbitos en los que hasta ahora ejerce el suyo el poder municipal. Desde esta premisa, el Ejecutivo que preside Juanma Moreno ya ha lanzado el primer globo sonda avisando de que pretende “recuperar” las competencias en Salud Pública que en la actualidad recaen sobre los ayuntamientos, el de Sevilla entre ellos.

Esta pretensión del Gobierno regional ha cobrado fuerza estos días, a raíz de la crisis por los productos con carne contaminada comercializados por la empresa Magrudis. De fondo, el choque entre las administraciones autonómica y municipal, cuya virulencia crece a medida que pasa el tiempo, con representantes de uno y otro bando echándose en cara una gestión nefasta del caso. San Telmo no tuvo reparos en poner en entredicho, en los albores de la crisis, el trabajo del Laboratorio Municipal hispalense, al que acusó de fallos en el etiquetado de muestras.

Ha sido el mismo jefe del Ejecutivo autonómico quien se ha encargado de anunciar las pretensiones de su gabinete. De él mismo. Para Moreno, “no tiene sentido que en un tema tan sensible como la salud pública se repartan responsabilidades por parte de ayuntamiento y comunidad autónoma”. El presidente de la Junta ha dejado muy claro que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) debe ser “el único responsable y competente” a la hora de afrontar un episodio de la envergadura del de la carne contaminada. Por ello, su Gobierno desarrollará conversaciones que permitan un acuerdo para el “traslado de esas competencias a la comunidad autónoma”.

Moreno tan sólo ha revelado sus intenciones. Sostiene que “en materia de salud pública no debe existir bicefalia, sino que debe existir una sola autoridad y coordinación”. Y está decidido a que ambas recaigan sobre la administración autonómica. Pero más allá de esto, el presidente no concreta nada. La fórmula para el trasvase de esas competencias se desconoce, no ha trascendido. Moreno, al menos, no la ha facilitado.

Y precisamente en esto se han escudado fuentes del Ayuntamiento de Sevilla para declinar hacer cualquier valoración de los deseos del presidente de la Junta. En materia de higiene y salud alimentaria y consumo, son los ayuntamientos quienes ejercen el control y la vigilancia sobre el cumplimiento de la normativa. Pero hay diferencias: el alcance y la contundencia con que se aplican los medios y los efectivos del ayuntamiento de una capital llega mucho más allá de lo que pueden hacerlo los de un consistorio mediano y pequeño.

En la cabeza de Moreno al referirse a este asunto están los ayuntamientos de Sevilla, Málaga y Granada. Con la actitud del gobierno hispalense contrastan las reacciones en las otras dos capitales andaluzas. El alcalde malagueño, Francisco de la Torre (PP) no tiene “ningún inconveniente en que fuera así, si se diera el caso”, aunque considera que habría que “profundizar en qué competencias” tiene el Ayuntamiento de su ciudad, que son distintas a las del de Sevilla.

“Como es lógico escucharemos a la Junta de Andalucía en cualquier planteamiento que hace y veremos si eso tiene lógica y fundamento”, asegura De la Torre, que no obstante se reafirma en su opinión de que tales competencias deben estar en manos municipales. “Lo que pueda hacer un ayuntamiento hágalo el ayuntamiento y no la región; lo que pueda hacer la comunidad autónoma hágalo la comunidad autónoma y no el Estado. Esa teoría, ese principio que está acuñado con fuerza en la Carta Europea de Autonomía Local, tendría excepciones cuando no es adecuado, cuando no está preparado, cuando no es lógico que un ayuntamiento cumpla esas tareas”, dice el alcalde malagueño.

Desde Granada, su alcalde, Luis Salvador (Ciudadanos), valora las intenciones del presidente andaluz y asegura que “no es un problema la pérdida de esta competencia”. Es más, Salvador se muestra favorable, ya que de esta manera los técnicos municipales y trabajadores se pueden destinar a otras labores dentro del área, pues son pocos los ayuntamientos que siguen manteniendo estas competencias de inspección.