El juicio por el caso Malaya está renovando por la vía de los hechos la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La magnitud del procedimiento ha conducido al tribunal a introducir prácticas inéditas en la historia judicial española con el fin de poder organizar y hacer manejable un macroproceso de estas características. El primer bloque de la vista oral, centrada en torno a los presuntos delitos fiscales y de lavado de capitales en la operación inmobiliaria Crucero Banús, toca fin. Durante 21 días han declarado los procesados, peritos y testigos relacionados con la compra de una parcela en Puerto Banús que en menos de un año generó 6 millones en plusvalías que se repartieron el teniente de alcalde de Marbella hasta 1998, Pedro Román, el ex asesor de urbanismo de Marbella, Juan Antonio Roca, el comisario retirado Florencio San Agapito y el abogado Juan Hoffmann.

Formalmente, ahora debería comenzar el segundo bloque del caso Malaya, en el que están involucrados 31 acusados de blanquear el dinero que Roca presumiblemente obtenía con los trapicheos urbanísticos en Marbella. Pero el tribunal ha previsto que el próximo lunes las acusaciones y defensas planteen un resumen final en el que determinen desde su punto de vista qué pruebas y testimonios sostienen o desbaratan las imputaciones en Crucero Banús. No se trata, sin embargo, del informe final, previsto en el artículo 788 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que las partes expongan oralmente todo cuanto estimen oportuno sobre la valoración de las pruebas y la calificación jurídica de los hechos. Ese informe se hará cuando concluyan todos los bloques del caso Malaya.

El lunes, en realidad, lo que se hará es un informillo voluntario que la sala ha pedido que no se prolongue más allá de diez minutos. El tribunal busca en esencia que se determinen con precisión dónde están las pruebas de cargo o descargo para los acusados en el pelotazo urbanístico de Crucero Banús. Por tanto, se trata de un paso informal dentro del juicio, aunque a nadie escapa que tendrá trascendencia porque el tribunal ha anunciado que con posterioridad deliberará sobre los hechos, es decir, se formará una opinión sobre lo ocurrido en Crucero Banús, aun cuando no llegue a conclusiones cerradas a la espera de los datos que puedan surgir en el resto de la vista oral.

Esta es la segunda innovación que la sala ha introducido en el juicio para manejar una causa con 95 procesados en el banquillo, un centenar de abogados de la defensa y acusación y más de 200.000 folios, magnitudes que desbordan las previsiones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una norma promulgada en 1882 y que aunque ha sufrido decenas de modificaciones en 130 años sigue siendo decimonónica.

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