Andalucía

Las mujeres vejadas durante la dictadura serán indemnizadas con 1.800 euros

  • La Consejería de Justicia acuerda con las asociaciones de memoria histórica dar la ayuda a aquellas que, pese a no estar en prisión, sufrieron escarnio público · Un comité de valoración examinará las pruebas

No se sabe cuántas son, aunque probablemente serán pocas; ni cómo podrán demostrarlo, porque será difícil recabar pruebas; pero sí que serán mayores y con un terrible pasado. Aquellas mujeres que, sin llegar a poner un pie en la cárcel, sufrieron la represión franquista durante la Guerra Civil y la dictadura con vejaciones y escarnio público, no se quedarán sin un reconocimiento después de que la Consejería de Justicia acordara ayer sacar adelante un decreto por el que se regulará una ayuda de 1.800 euros para este colectivo. Un homenaje más para esas andaluzas ante un nuevo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Tras una reunión con las asociaciones de memoria histórica, la titular de este departamento, Begoña Álvarez, explicó que esta decisión se había adoptado para que "Andalucía haga justicia" y se restablezca el honor de aquéllas que lo vieron manchado con violaciones, fueron rapadas, tuvieron que tomar aceite de ricino o con cualquier fórmula que atentara contra su dignidad. Un decreto, desde la perspectiva de género, que viene a demostrar que la represión fue "distinta de la de los hombres" y de igual o mayor crudeza porque, como recordó Álvarez, hubo un "alto grado de perversión": desde la expatriación a ver morir de hambre o de frío a los hijos en las cárceles.

Para recibir la indemnización -se recibirá en un pago único-, ante la dificultad de la existencia de documentos y expedientes administrativos o judiciales que así lo demuestren, serán aceptadas cualquiera de las pruebas que pueden ser admitidas en un procedimiento de derecho, por lo que podrán servir hasta la declaración de testigos. No obstante, las pruebas pasarán por la valoración de una comisión de expertos.

La cantidad de la subvención viene a coincidir con la que en estos momentos está vigente para las personas que estuvieron encarceladas durante un periodo de tres meses. Con esta ayuda se quiere resarcir a un grupo de víctimas que, mayoritariamente no estuvo entre rejas, pero que sufrió este tipo de torturas, algo que queda probado en sólo un 5% de las 2.742 indemnizaciones concedidas por la Junta a presos y represaliados políticos corresponde a mujeres.

La redacción del decreto estará lista en unos dos meses y será en los tres meses siguientes a su publicación cuando se podrá solicitar. La documentación se canalizará través del registro central de la Consejería y sus delegaciones provinciales, como el Registro Telemático Único.

La localización de las posibles beneficiarias, que se limitará a las víctimas del periodo comprendido entre 1936 y 1950, serán las asociaciones de memoria histórica las encargadas de divulgar esta nueva medida. Justicia no sólo ha querido atender a quienes gocen de su condición política de andaluzas, sino que también tiene previsto atender la demanda que presenten aquellas mujeres que hubieran padecido cualquier método de presión en cualquier municipio de la comunidad.

Este nuevo decreto fue una de las principales conclusiones del primer encuentro mantenido por Álvarez con representantes de las asociaciones de memoria histórica después del denominado Pacto de Granada, en el que se acordó la creación de una mesa consultiva sobre esta materia y que se reuniría trimestralmente.

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