El apellido Gómez en Córdoba conlleva inevitablemente a un personaje y una época. No existen dudas. Rafael Gómez Sánchez, conocido como Sandokán por su parecido con el actor Kabir Bedi, ha sido el protagonista de toda una etapa, sobre todo, desde que irrumpió en el mundo de la construcción (y del fútbol, y del mecenazgo cultural) procedente de sus negocios de la joyería en donde labró una fortuna pese a sus orígenes humildes. Esa influencia del empresario ha vuelto a reverdecer ahora, cuando el Ayuntamiento acomete la legalización de unas naves de 45.000 metros cuadrados construidas en 2005 sin licencia municipal. Eso sucede, además, en paralelo a la vista oral del caso Malaya, donde se sienta en el banquillo de los acusados por un presunto cohecho, con una petición de pena de 18 meses de prisión.

Las naves han generado todo un sainete político en la ciudad. Creadas para vender mercancía china a gran escala, uno de los negocios que emprendió el grupo de empresas, el Consistorio decidió no poner demasiadas trabas a su construcción e impulsar lo que se conoce como un procedimiento de restauración de legalidad, que se sustanciaron en una multa de 24 millones de euros -la más alta puesta hasta el momento- y en un proceso de legalización.

La multa fue anulada por los tribunales al entender que se había demorado su trámite por encima de los 12 meses como máximo que establece la ley. Después se ha reiniciado y está, técnicamente, pendiente de cobro cinco años después de los hechos. El proceso de legalización fue aprobado en primera instancia por el Consistorio y tumbado por el TSJA al entender que se había encomendado a un privado (el propio Gómez) redactar un plan especial de formulación pública del que era juez y parte. Esa sentencia no es firme, porque se halla pendiente de que se pronuncie el Supremo, y sin embargo se ha montado otro expediente de legalización sin esperar a la emisión de sentencia.

La situación política en torno a Colecor (originalmente, una cooperativa láctea que funcionó hasta mediados de los 90) tiene una especificidad peculiar. El PSOE fue hostil, entre 2003 y junio de este año a su legalización. Acosó a Rosa Aguilar, entonces alcaldesa, por este motivo. Aguilar consiguió reducir esa oposición ante las municipales de 2007 con el argumento de que la crítica del PSOE beneficiada al PP, que se plantó en 14 concejales, a uno de la mayoría absoluta.

El cambio sustancial se produjo antes del verano. La Consejería de Obras Públicas y Vivienda, ya ocupada por Aguilar tras su salida de la Alcadía y su llegada a la Junta de Andalucía, negoció una salida con el Ayuntamiento a pesar de que había llevado el caso a los tribunales y que, tanto con Concepción Gutiérrez como con Juan Espadas, se había mantenido una constante oposición de bloqueo a determinadas propuestas municipales. Se aprobaría la legalización de las naves con la condición de que se derribaran 15.000 metros cuadrados (frente a los 10.000 que ofrecía al Ayuntamiento). La dirección provincial del PSOE, por medio del actual candidato Juan Pablo Durán, aseguró que había llegado el momento de pasar página por medio de una medida "ejemplarizante".

¿Todo el mundo de acuerdo? No. La delegación provincial de la Consejería se salió del guión, de la disciplina jerárquica y emitió un informe -preceptivo y no vinculante- muy crítico con las previsiones municipales. Sobre todo, en lo que concierne a mantener una edificación tan grande en un suelo que, algunos entienden, es no urbanizable de especial protección. El Consistorio ha reconocido en estas últimas semanas el uso de comercio mayorista para las naves, que fueron precisamente para lo que fueron construidas sin licencia, y que hasta ahora se le ha venido negando sistemáticametne. La delegación provincial que eso no es viable.

En este caso, se ha producido un pulso entre la política y la ley. Y ha ganado el interés político. Existe una especie de acuerdo entre los partidos de Córdoba por cerrar de una vez la cuestión de las naves, que no llegue viva a las elecciones del año que viene. La hoja de ruta está bastante clara. Se va a aprobar el plan en cuanto los concejales del PSOE den garantías de que lo van a votar en el Pleno(IU no está dispuesta a pasar este trago en solitario y no va a tolerar una abstención). La megamulta de 24 millones se reducirá a seis millones por aplicación directa de la LOUA y se prevé su abono en especie mediante propiedades que aún le quedan al dueño de Arenal 2000, del que existen indicios de que está resurgiendo empresarialmente después tenido que firmar 1.000 despidos en apenas unos meses. Colecor será legal y muchos políticos respirarán tranquilos siempre que los privados que se sienten maltratados no se planten ante un juez.